Un denominador común: cabreo. Este fue, grosso modo, el hilo conductor del Pleno municipal celebrado ayer en la Casona del Parque, en el que tuvieron acogida las reclamaciones de los alumnos de La Cónsula, cansados de la inacción de la Junta de Andalucía y de las dificultades de funcionamiento del centro; los integrantes del Orfeón Universitario, que demandan un local para ensayar a golpe de cántico en el Paseo del Parque; los estudiantes de la Universidad de Málaga, disconformes con los últimos planteamientos del Ministerio de Educación; los trabajadores del aeropuerto...

Pero no sólo eran colectivos. Porque la sesión sirvió también como foro en el que el alcalde, Francisco de la Torre, y sus concejales del PP elevaron el habitual tono de fricción con la Administración andaluza para enarbolar sus quejas sobre el comportamiento del Gobierno andaluz. Siendo escenario habitual para estas lides, un asunto se convirtió en foco denuncia: el estudio de inundabilidad del río Guadalhorce.

El regidor, y de manera más furibunda su fiel concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, arremetieron contra los deseos de la Administración regional por entorpecer el desarrollo económico de la ciudad con un informe que, de materializarse y llevarse a efecto, supondría un verdadero descalabro sobre las previsiones urbanísticas municipales y los empresarios asentados en las márgenes del río. "El estudio es de una frivolidad enorme", dijo De la Torre, tras admitir su "perplejidad" ante las conclusiones del mismo. "Es que la Junta quiere que quitemos los polígonos Guadalhorce, Santa Bárbara, Santa Teresa y Villa Rosa", se preguntó.

Incluso, señaló, como viene haciendo desde hace años, que con la ampliación del puente sobre el Guadalhorce, quizá podría darse solución a los supuestos problemas de capacidad del cauce para absorber una avenida con 500 años de retorno. Muestra de la preocupación popular con este asunto fue la presentación de una moción de urgencia, finalmente avalada por Izquierda Unida y en cuya votación se abstuvo el PSOE.

Una posición la de los socialistas que sorprendió a tenor de la beligerancia empleada por Sergio Brenes contra el equipo de gobierno, al que acusó de "querer crear una alarma innecesaria". "Por encima de sus intereses están los de los ciudadanos y sus bienes; hay que construir pero con garantías para las personas", dijo. Todo ello unido a lo que antes del Pleno afirmó la portavoz de la formación, María Gámez, para la que paralizar los estudios de inundabilidad podría entenderse como "un ejercicio de irresponsabilidad, rayando en lo ilegal". "Le pido al PP que deje de traer en etapa electoral nuevas confrontaciones con la Junta", incidió.

Por su parte, el portavoz de IU se sumó a las tesis del PP, en el sentido de entender que el citado estudio, que según los empresarios de polígonos puede afectar al 70% de los suelos industriales de la ciudad, "no está sustentado de forma rigurosa en la realidad existente, sino que está sobredimensionado, mal planteado y no se han tenido en cuenta las posibles medidas correctoras como solución a los problemas de inundabilidad".

Las quejas de estudiantiles ante la apuesta del Gobierno sobre la reforma de los grados universitarios quedó plasmada en una moción de urgencia presentada por el PSOE. Gámez denunció que con estos cambios se busca que terminar una titulación superior "dependa más del bolsillo que de la capacidad de las personas".

También hubo tiempo para que IU hiciese patente su preocupación por la supuesta contratación de "falsos autónomos" por parte del equipo de gobierno. "Esta peculiar forma de proceder, la contratación externa como prestación de servicios de personas que desempeñan sus tareas en una situación de clara relación laboral, es muy grave e irregular, ya que constituye un fraude de ley".

Frente a las tesis de IU, avaladas por el PSOE, el rechazo del PP. La concejala de Economía y Hacienda, María del Mar Martín Rojo, pidió a ambos grupos que si tienen tantas dudas sobre la gestión, en lugar de presentar una moción "que vayan ya al juzgado". "Cuando sacamos un servicio no sabemos quien va a ser el adjudicatario", dijo, al tiempo que aclaró que son "trabajos coyunturales por un determinado servicio y no sustituyen la labor de un funcionario". "En estos cuatro años no ha habido un solo contrato de esos a los que usted hace alusión", indició la concejala popular.