Un cadáver en el cajón

  • De las arcas municipales de Málaga salen ahora más de 1,1 millón de euros para terminar de abonar una obra, la reforma y rehabilitación del parque, culminada e inaugurada hace ya siete años

HAY cadáveres cuyo hedor, por más profundos que estén enterrados, trasciende los materiales de su envoltura, los años, hasta convertirse en obsequio del presente. Por más que se trate de mitigar, es imposible borrarlo por completo. Siempre queda un resto, una muestra que delata su origen. Sin alcanzar ese punto escraboso de la carne putrefacta, el efecto que dejan tras de sí las facturas olvidadas, consciente o incoscientemente en los cajones, encerradas a la espera de ser descubiertas, es parecido. Acaban por generar la sorpresa propia del inocente que, iluso de él, creía que la cuenta estaba pagada. Estos días, tan agitados como poco agraciados para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, azotado por su minoría y acorralado incluso por el que parecía ser su dócil socio, dejan uno de esos episodios que en lo tocante a una administración pública es cuanto menos denunciable. De las arcas municipales salen ahora, como un cadáver del pasado, más de 1,1 millón de euros para terminar de abonar una obra, la reforma y rehabilitación del parque, culminada e inaugurada hace ya siete años.

Son las consecuencias de lo que antaño se convirtió en modus operandi de todas las empresas constructoras y de todos los poderes públicos, que lejos de acotar las opciones ciertas de que una infraestructura engordase su presupuesto sin descanso, acabaron por admitirlo como norma. Fue en ese periodo, antes de que algún iluminado pusiese freno al desenfreno por la vía legislativa, en el que lo que valía 10 acaba costando 20. El parque es ejemplo fiel de esa conducta. Podría incluso decirse que exponente claro, como lo fueron el Palacio de Ferias y Congresos; el Palacio de los Deportes Martín Carpena; la rehabilitación de Tabacalera; la construcción del Museo Thyssen... Como lo fue y sigue siendo el Metro, presupuestado en origen por 403 millones y que, en el mejor de los casos, acabará costando poco más o menos el doble. Una simple lectura del expediente municipal abordado en la Casa Consistorial y que recibió el visto bueno para pagar a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por FCC y Vera, deja fehaciente constancia del proceder. A modo de resumen, las cifras hablan por sí solas y constatan que una intervención que fue adjudicada, allá por el 19 de octubre de 2005, por 9.741.319 euros, acaba costando algo menos de diez años después, 15.300.000 euros. Es decir, del orden de 5,5 millones de euros más tras la aprobación de cinco incrementos del presupuesto de la obra. El 26 de marzo de 2007, el concejal de Urbanismo dio luz verde a un primer complementario por 1.187.000 euros; el 25 de octubre de 2007, ese mismo complementario se vio aumentado con otros 118.523 euros; ese mismo día, según los documentos oficiales, se informa de una certificación final de un modificado por 1.129.681 euros, y el 11 de abril de 2008, el mismo edil adjudicó otro modificado por 1.946.580 euros. El último movimiento en esta factura casi sin fin es la reciente aprobación de un modificado presupuestario para pagar a FCC-Vera una liquidación de obras por algo más de 1,1 millones. Porcentualmente, el incremento ha sido del 56,4%. Algo semejante ocurrió con el complejo de piscinas Inacua, otra de estas grandes obras que parece no tener fin. La misma modificación presupuestaria aprobada para el parque afecta a este equipamiento náutico, si bien el último de los incrementos conocido ronda apenas los 500.000 euros.

¿Pero cuáles son los fantasmas que esconde esta instalación? Su construcción fue contratada por la Gerencia de Urbanismo el 17 de enero de 2007 a una alianza empresarial compuesta por Vera, Sando y Rodio Cimentaciones. El valor de arranque fue de 13.399.843 euros. Pero el valor final poco tiene que ver con ello. El 31 de marzo de 2008 se dio luz verde a un primer modificado por 2.677.949 euros; el 11 de abril de 2008, se acordó un complementario por 623.903 euros; el 17 de noviembre de 2008 salió adelante un segundo modificado por 2.677.310 euros; el 25 de agosto de 2008 se conoce una certificación de liquidación por 1.607.682 euros, y el 12 de enero de 2010, otra certificación de 62.254 euros. Todo ello, agregando la última de las consignaciones aplicadas, suma algo más de 8 millones de euros. Es decir, casi un 60% más.

Ambos casos, recogidos en el mismo expediente, recibieron el informe contrario del interventor de Ayuntamiento, quien alega "la omisión de requisitos o trámites esenciales". Pero poco vale la opinión del interventor cuando sus observaciones, sus reparos, son borrados sin más, como si fuesen cortinas de nulo peso. Son estos los cadáveres a los que tienen que hacer frente las administraciones; fantasmas del pasado que se creen olvidados pero que al final vuelven como espectros. Su hedor es el de aquellos tiempos en los que el control parecía inexistente, en el que se asumía como propio del momento el agrandar las facturas de las obras, ya fuese por intereses espúreos o por errores técnicos de difícil comprensión. No hay administración que se libre de ello ni gobernante que no tenga sobre sí la sombra de la duda.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios