"Niego la correlativa del Ministerio Fiscal y de las demás acusaciones...". El arranque de las conclusiones del escrito de defensa presentado por el abogado del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz en el caso Malaya deja entrever pocas sospechas de por dónde circulará la estrategia que desplegará su letrado para sacudirse la acusación de prevaricación, cohecho continuado y malversación que imputa la Fiscalía Anticorrupción a Muñoz y por la que le pide 10 años de cárcel y 400.000 euros de multa.

No obstante, del informe de calificación parece deducirse que tirará la piedra hacia arriba, porque pide que declaren como testigos en el juicio, que comenzará el próximo 27 de septiembre, la ex directora de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía Josefina Cruz, el ex delegado de la Consejería de Medio Ambiente Ignacio Trillo y el presidente de la Diputación de Málaga en aquellas fechas, Juan Fraile.

La mayor parte de los escritos de defensa simplemente niegan la mayor al rechazar las imputaciones. Este es el caso del informe presentado por la defensa de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que rechaza haber tenido nada que ver con los delitos que les atribuyen las acusaciones relacionados con cobros ilegales de dinero, alteración de precios en los concursos públicos o resoluciones injustas. En este sentido está dispuesta a que declaren en el juicio sus familiares directos (hijos y hermanos) supuestamente para justificar su capacidad económica previa a su actividad política.

El escrito de calificación provisional de defensa de Isabel García Marcos, que pasó de ser el azote del gilismo a primera teniente de alcalde después de que una moción de censura desbancara de la Alcaldía a Julián Muñoz, precisa que siempre votó "conforme a los dictámenes técnicos", porque al no ser responsable de urbanismo no disponía de un conocimiento preciso de los asuntos que trataba la comisión de gobierno. Por esa razón se dejaba guiar por las prescripciones de los técnicos.

García Marcos, a quien la Policía le intervino 360.000 euros en efectivo en su domicilio que vincula con posibles cohechos, alega que, salvo su sueldo, nunca recibió dinero por su actividad en el Ayuntamiento de Marbella y que todas los bienes que tenía el 8 de abril de 2006, cuando fue detenida, procedían de su "trabajo y del ahorro familiar". La que fuera primera teniente de alcalde plantea en el informe de calificación provisional que se anulen las intervenciones telefónicas sobre las que se sustentan sus imputaciones.

Tomás Reñones, el futbolista que fichó para la política Jesús Gil y que tras la primera oleada de detenciones en el caso Malaya quedó al frente del Ayuntamiento hasta su arresto y disolución de la Corporación, también alude a sus recursos económicos personales para justificar los 8.000 euros que la Policía halló en su vivienda. En este caso, afirma que se trataba de una cantidad que había extraído del banco y que tenía reservada para irse de vacaciones con su familia.

Los informes de defensa de los empresarios involucrados en el caso Malaya se mueven también en una somera negación de los hechos. El presidente de la promotora Aifos, Jesús Ruiz, es uno de los que entra en más detalles al admitir que autorizó entregar dinero en efectivo al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, aunque en una cantidad "muy inferior" a la que apuntan las acusaciones y "en la confianza de que las cantidades entregadas iban a ir destinadas a dotar de tesorería al Ayuntamiento de Marbella".

Jesús Ruiz reconoce que autorizó a sus directivos a realizar abonos al Ayuntamiento "siempre que se tratara de cantidades razonables" que únicamente supusieran merma de los posibles dividendos y siempre con el compromiso del Ayuntamiento de entrega de justificantes para la contabilización de los pagos". Jesús Ruiz incluso alude a que durante mucho tiempo la prensa informó sobre la "peculiar e indebida forma de gobierno y administración del Ayuntamiento de Marbella, que ni el Gobierno de la nación ni la Junta de Andalucía evitaron durante años mediante un riguroso ejercicio de sus competencias legales".

Hasta ahora han presentado los escritos de defensa 93 de los 95 procesados en este sumario, puesto que el tribunal ha ampliado el plazo para que informen los letrados de nueva designación que representan a Juan Antonio Roca y a su hija. En los escritos las partes también han solicitado la práctica de nuevas pruebas que han sido mayoritariamente aceptadas por el tribunal que, incluso, ha otorgado a los letrados la posibilidad de plantear cuestiones previas a partir del 27 de septiembre.