El conocido como caso Piscinas, en el que se investiga la posible comisión de un delito de cohecho en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Málaga de la concesión de la piscina de Puerto de la Torre, da hoy un paso que puede ser definitivo en el devenir de esta actuación judicial. La titular del juzgado de Instrucción número 14 de la capital de la Costa del Sol toma declaración al empresario Antonio López Belda, quien puso en conocimiento de la Fiscalía el pasado 22 de noviembre de 2010 las posibles irregularidades cometidas en el proceso de contratación, así como a dos ediles del grupo del PSOE en la Casona del Parque, Luis Navajas y María del Carmen Sánchez, y a un ex trabajador del equipamiento deportivo.

De las conclusiones que extraiga la jueza de las manifestaciones de estos testigos podrían derivarse acciones posteriores y que podrían tener en el punto de mira al actual concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, inmerso en las últimas semanas en un cúmulo de sospechas sobre su gestión, que han derivado no en su dimisión ni en su destitución pero sí en su determinación de no integrar la candidatura con la que el PP concurrirá a las próximas elecciones locales.

El testimonio de López Belda, vinculado directamente con la familia de Díaz Guirado, es clave en este asunto, pues son sus aportaciones las que hasta el momento dan sustento a este caso. Según confesó él mismo hace apenas dos semanas a este periódico, hoy ratificará ante la jueza la declaración que realizó ante el fiscal, en la que, según pudo comprobar este periódico, llega a asegurar que tuvo conocimiento del concurso para adjudicar la piscina del Puerto de la Torre "a través de su amigo Manuel Díaz Guirado, que le animó a presentarse".

Asimismo, explica que fue el edil popular el que le puso en contacto con un intermediario, Enrique Vega, para formalizar una alianza empresarial con Augusto Parody, con el que acabó por formalizar la unión empresarial que se hizo con el contrato (fue la única que optó). La alianza, sin embargo, según relata en su declaración, saltó por los aires apenas tres meses porque su socio le exigía que aportara fondos para el pago de los gastos de la explotación de la piscina, extremo no contemplado en el acuerdo inicial.

Por ello, expone, decidió renunciar al cargo de administrador de la UTE, firmando un contrato a 1 de mayo de 2009 por el que renuncia a participar en la explotación del complejo y manteniéndose "en funciones de asesoramiento", tarea que no se efectuó "porque Incomar Blue le adeudaba 20.000 euros". Ante lo ocurrido, López Belda asegura que pidió explicaciones al concejal de Urbanismo, "por la confianza que en él tenía, especialmente sobre la relación de Enrique Vega con la explotación, ya que a pesar de que no pertenecía a ella, cobraba todos los trabajos que se le encargaban y además empezó a conocer la existencia de documentación que acreditaba comunicaciones directas entre la Fundación Deportiva Municipal y la Gerencia de Urbanismo con Enrique Vega". Sin embargo, según el empresario alicantino Díaz Guirado negó la existencia de tales comunicaciones.

En su declaración ante el fiscal, deja entrever ciertas dudas respecto a la compra por parte del edil del PP de un vehículo de segunda mano a Parody, así como por la obra que el concejal realiza en su vivienda. "Explica en su declaración que tuvo conocimiento de que Manuel Díaz había realizado una reforma completa en su vivienda, que habían ejecutado tres operarios de nacionalidad polaca que eran trabajadores de Urbacon S.L., propiedad de Enrique Vega, a quienes dio de baja en la empresa inmediatamente antes de comenzar las obras de reforma del piso, con la finalidad de que no los vincularan con él y a los que el declarante conocía porque meses antes habían realizado trabajos en las instalaciones de la piscina".