Málaga

El claustro aprueba una profunda renovación de los estatutos de la UMA

  • El programa incluye la limitación a dos mandatos del rector y otros cargos

Claustro extraordinario de la UMA celebrado ayer en la Facultad de Educación.

Claustro extraordinario de la UMA celebrado ayer en la Facultad de Educación. / m. h.

Se inicia un periodo de cambio en el seno de la Universidad de Málaga. Tras 14 meses de trabajo, de propuestas y diálogo para hallar un consenso, el claustro extraordinario respaldó ayer casi por unanimidad el proyecto del rector José Ángel Narváez de reforma de los actuales estatutos de la UMA. El texto se aprobó con 170 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones y supone más de un centenar de cambios significativos. Uno de ellos es el límite de dos los mandatos consecutivos del mismo rector. Igualmente ocurrirá con los decanos, directores de centros, jefes de departamentos y presidente del consejo de estudiantes.

Otra novedad que recoge el nuevo estatuto es la modificación de la composición del consejo de Gobierno. Hasta la fecha, el rector elegía a 15 de sus 50 miembros, responsabilidad que ahora pasa a ser del claustro. En el texto aprobado ayer también se garantiza la representación de todos los decanos y directores de escuelas de la UMA, 17 en total, y pasan de tres a cinco los directores de departamentos representados. Se incluye también como miembro nato al consejo de estudiantes. Estos últimos, la base de toda comunidad universitaria, han visto reconocido en el texto su derecho al paro académico y se crean consejos de estudiantes en todos los centros. Actualmente cuatro de ellos no cuentan con esta figura de representación.

También se han incluido en los estatutos otras figuras que antes quedaban al margen como la inspección del servicio, el defensor universitario, la unidad de igualdad y el comité de asuntos psicosociales, como resaltó el rector en su intervención. El objetivo de este marco normativo es mejorar la calidad democrática de la institución académica y reforzar los derechos de la comunidad universitaria.

"Hoy [por ayer] presentamos un texto único en el que todos estamos de acuerdo y nos sentimos cómodos", dijo el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez. "Los estatutos anteriores, los de 1985 y los de 2003, se presentaron a un claustro donde hubo numerosas alegaciones e incluso enmiendas a la totalidad, hoy hemos conseguido entre todos un texto único en el que todos nos sentimos reflejados", agregó y quiso agradecer la capacidad de diálogo de los grupos claustrales, la tenacidad con la que los portavoces han defendido sus posturas y el esfuerzo de todos "en bien de la comunidad". "Me siento muy satisfecho porque es el texto que todos queremos que sea", apuntó Narváez. "Hemos revisado los derechos y deberes de todo el personal, hemos recogido la mayor representación del personal de administración y servicios de una universidad española con un 13% y en el caso de los estudiantes también hemos reforzado su papel y recogido una antigua reivindicación, el derecho al paro académico", subrayó el rector.

Ernesto Pimentel, del grupo de Ingeniería y Arquitectura, abrió el debate apuntando que "era necesario el cambio" y destacando que éste responde "a un amplio consenso conseguido después de muchas reuniones de las mesas de trabajo", Pimentel destacó que se ha hecho "un enorme ejercicio de comprensión hacia la visión del otro" aunque deseó que los planteamientos hubiesen estado menos preestablecidos. Antonio Flores, decano de la Facultad de Ciencias, afirmó en su intervención, que la motivación última "ha sido tener una buena norma estatutaria para una universidad pública".

Ahora se abre un periodo burocrático en el que deben ser remitidos a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, que tiene un máximo de seis meses para manifestarse. En el caso de que sea precisa alguna modificación, los estatutos volverán a la UMA y habrán de ser respaldados de nuevo por el claustro, aunque mediante una votación por asentimiento. Posteriormente se remitirían de nuevo a la Junta, cuyo Consejo de Gobierno es el encargado de aprobarlos de forma definitiva, un proceso que podría alargarse durante meses.

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