LA casualidad, o quizá para algunos un milagro, hizo que Francisco de la Torre y Elías Bendodo, se encontrasen en Fitur, a lo mejor ocultos tras la Sábana Santa, para no tener que dar la cara, al menos de cuerpo presente, ante las noticias, con claros tintes de escándalo, que ayer recorrieron la geografía malagueña, sin que nadie diera el más mínimo atisbo de estar dispuesto a asumir sus responsabilidades políticas. Eso sí, Málaga cumplió ya en la primera jornada su objetivo de promoción, pero no por sus acciones en los salones de la Feria Internacional de Turismo, sino por colocarse, por primera vez en la historia por un hecho local, como trending topic nacional, lo más comentado del momento, en la red social Twitter, a causa de los increíbles avatares que han rodeado el denominado Museo de las Gemas, y más concretamente por el último show, como lo denominó el alcalde, de Royal Collections.

Aunque todo quisqui pudiera aventurar lo que se veía venir, no es más cierto que el hecho de que se hayan dilapidado, se recuperen en parte o no, más de 25 millones de euros de las arcas municipales, no se puede despachar por parte del concejal de Cultura y alcalde en funciones, Damián Caneda, diciendo, ante los micrófonos de la Ser, que "el Ayuntamiento ha hecho muchas apuestas y una le ha salido mal", para luego tratar de tirar balones fuera refiriéndose al apoyo que, hasta última hora, había prestado al fiasco el consejo asesor de Art Natura, un órgano integrado por diferentes instituciones.

Lógicamente, a la oposición le faltó tiempo para saltar a la yugular del equipo de Gobierno municipal. La portavoz del PSOE, María Gámez, puso el dedo en la llaga cuando dijo "hoy somos el punto de mira nacional de un esperpento", por lo que exigió responsabilidades políticas "claras y directas" al alcalde, por el "gran fracaso", al tiempo que recordó el oscurantismo que siempre ha rodeado este tema y pedía públicamente una auditoría. Unos calificativos y argumentos similares a los empleados por la concejal de IU, María Antonia Morillas, quien aseguraba que "el museo inexistente" ha costado a los malagueños 30 millones de euros para una rehabilitación diseñada "de forma exclusiva" para este uso, a lo que hay que añadir los 5,5 millones ya pagados por el Ayuntamiento a la adjudicataria en concepto de canon.

Para rizar el rizo, el escenario de este lamentable episodio de la gestión pública, se adornaba ayer con el debate de fondo, impulsado desde el Partido Popular, sobre la necesidad de castigar, con el Código Penal en la mano, a los malos gestores del dinero de todos. Una posibilidad ante la que ya tendrá que apechugar el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, junto a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, al haber sido condenados por la Audiencia Provincial por un delito de cohecho, es decir, llevárselo calentito mediante la técnica del soborno. Un fallo judicial que se produce cinco años después de que se iniciara la investigación sobre el llamado caso Troya, tiempo durante el que numerosos dirigentes del PP han puesto la mano en el fuego por la inocencia de su compañero. Desde Javier Arenas a Elías Bendodo, pasando por Celia Villalobos en plena campaña electoral, siempre negaron la mayor y tildaron al regidor de ser un ejemplo para todos. Ayer de la boca de los citados no salió ninguna nueva joya, ya que optaron por guardar un silencio sepulcral, que sin embargo se escuchaba por toda Málaga. La versión oficial es que el letrado de Serón se encontraba de viaje y había que esperar a su regreso para "comentar" la decisión judicial.