Justo un año después de que se pusiera en marcha la comisión de investigación llamada a sacar a la luz todas las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la empresa mixta de limpieza Limasa durante 16 años, ayer echó el cierre con pocas novedades respecto a lo que se ha puesto de manifiesto desde 2003 y con más alusiones al futuro modelo de gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos que a lo hecho hasta ahora.

En poco han coincidido todos los grupos municipales tras siete sesiones, cientos de documentos analizados, y hasta una investigación iniciada por la Fiscalía de Málaga tras la denuncia de Ciudadanos por los presuntos enchufes en la empresa por parte de algunos partidos políticos y que finalmente fue archivada. Unas 90 de las 120 conclusiones que componían el dictamen final elaborado por la comisión de investigación fueron aprobadas ayer en una última sesión cargada del habitual tono de reproches de las anteriores y en la que el PP se opuso a la mayoría desoyendo las críticas vertidas sobre la bancada de enfrente respecto a su gestión en Limasa.

Si el alcalde quiere hacer una Limasa pública que no cuente con Ciudadanos"Juan CassáPortavoz de Ciudadanos

El contrato de la sociedad mixta, en la que el Ayuntamiento de Málaga participa con un 49% del accionariado, ha demostrado desde sus orígenes que no respondía a las necesidades de la ciudad, no ha habido control sobre el mismo, se ha incumplido el pliego de condiciones del servicio en cuanto a las inversiones contenidas en él, se han externalizado servicios que deberían haberse realizado con el canon de la asistencia técnica y se han eliminado algunos de los servicios contemplados en el pliego. Son algunas de las conclusiones que salieron adelante ayer con la votación mayoritaria de los 11 miembros de la comisión y fueron presentadas por el PSOE, cuya portavoz, Begoña Medina, que destacó que "ha quedado demostrado que la empresa no ha funcionado" e insistió en que el "gran beneficiado en este contrato han sido los privados".

Algo en lo que coincidieron el resto de grupos de la oposición, aunque en lo que no llegaron a un acuerdo fue en el futuro modelo de gestión del servicio que se está decidiendo ahora. A diferencia de PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente, Ciudadanos no está a favor de la municipalización precisamente porque su portavoz y presidente de la comisión de investigación, Juan Cassá, considera que "se ha demostrado que el control público no funciona y hay que poner el servicio íntegramente en manos de terceros a los que podamos controlar". De hecho, advirtió que si el alcalde "quiere hacer una Limasa pública que lo haga pero con Ciudadanos que no cuente", por lo que pidió dar "un giro radical" a la gestión mixta llevada a cabo hasta ahora del servicio y que no convence a nadie.

Para la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, Limasa es "ineficiente y poco sostenible en la que se ha pretendido cargar de toda la responsabilidad a los trabajadores". Sin embargo, el grupo municipal del PP sigue defendiendo su gestión al frente de Limasa y su concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl, dijo sentirse satisfecho de que después de "tantas mentiras y tanta basura que se ha arrojado se ha demostrado que no eran ciertas" y aseguró que "el teatrillo ha llegado a su fin".

Pero la realidad es que tras el paso por la comisión del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el gerente de Limasa, Rafael Arjona; el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, los socios privados y varios funcionarios, entre otros, el dictamen que acordaron los grupos después de un año, y que deberá pasar ahora por el Pleno para su aprobación definitiva, despeja pocas dudas.