El ex concejal procesado en el caso Malaya huido a Argentina, Carlos Fernández, manifestó su deseo de no ser extraditado a España durante su declaración ante el Juzgado Federal número 2 de San Juan (Argentina). Fuentes consultadas por este periódico aseguraron ayer que el rechazo de Fernández a abandonar el país argentino se debe al "arraigo" del prófugo con la nueva vida que ha formado en torno a la localidad argentina de Rivadavia, donde fue detenido el pasado viernes tras entregarse voluntariamente para acelerar la prescripción de los delitos de los que se le acusa en España.

Durante el tiempo que permaneció como fugitivo, el concejal andalucista se movió por Argentina sin ningún tipo de identificación. Las veces que le solicitaron que presentase algún documento, eludió problemas burocráticos para justificar la ausencia de pasaporte o DNI, según las mismas fuentes. Tras abandonar España, aún sin orden de búsqueda y captura, el ex concejal permaneció dos años en la ciudad de Mendoza hasta que en 2008 se desplazó a Rivadavia, un departamento a apenas 7 kilómetros de San Juan, donde reside desde entonces. En esta localidad de 80.000 habitantes fue donde conoció a su actual pareja, una periodista local y célebre ex modelo, que sólo un año después de estar con él se convertiría en la madre de sus dos hijos, de 9 y 6 años.

Las fuentes consultadas han indicado que Fernández mantenía en secreto su condición de huido. A los más allegados simplemente les había hecho saber que había abandonado España, no porque fuese buscado por la Justicia, sino porque temía por su vida. Con esta justificación, convenció a su mujer para que todas las posesiones que compartían -casa, automóvil y empresa- estuviesen a nombre de ella.

Finalmente, aunque la Policía argentina pone de relieve que se ha tratado de una detención fruto de las pesquisas que ha desarrollado, el hermano y abogado del edil, Antonio Fernández, asegura que se entregó voluntariamente para forzar una declaración de caducidad de los delitos que se le atribuyen en España.

No obstante, según informan fuentes del Ministerio de Justicia, la intención de Fernández de conservar esta vida que ha creado como fugitivo sólo podrá cumplirse si el Juzgado número 5 de Marbella que instruye su caso determina que los delitos por los que está acusado han prescrito.

Sin duda, el ex concejal y su hermano han medido muy bien los tiempos antes de entregarse a la Policía Federal, ya que los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude por los que fue procesado en 2006 por el caso Malaya prescriben a los 10 años, de acuerdo con el Código Penal en vigor en el momento de los hechos.

Asimismo, las otras dos órdenes de detención por prevaricación urbanística y coacciones que se impusieron contra el concejal por el caso PA, en 2006, y el caso Saqueo II, en 2007, también caducan en el mismo período de tiempo.

Esto significa que si los cálculos realizados por ambos resultan ser correctos, a fecha de hoy todos los delitos que se le han imputado al exconcejal habrían ya prescrito. De esta manera, podría convertirse en el único procesado en el caso Malaya que evita entrar en la cárcel y preservar el total de sus bienes. Además, sería libre de elegir si continua con su vida en Argentina, siempre y cuando el país no dictaminase que durante su estancia hubiese cometido algún delito.