Los constructores están contra la espada y la pared y han apostado por denunciar públicamente su situación para buscar algún tipo de solución. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) informó ayer que varios de los ayuntamientos de la provincia deben a empresas del sector 150 millones de euros, lo que suman a los 160 millones de euros que les adeuda la Junta de Andalucía. Desde la ACP subrayan que las compañías están "asfixiadas" y en una "crítica situación".

La situación es la siguiente. En los dos últimos años los ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía han licitado y adjudicado una serie de obras que, tras ser ejecutadas y entregadas por las empresas, no han sido pagadas. La mayoría de esos proyectos tiene un presupuesto que gira sobre los 500.000 euros, una cantidad abultada para una pequeña o mediana empresa, que en Málaga son multitud.

Los constructores aseguran que algunos ayuntamientos y la Junta de Andalucía no les pagan porque no tienen dinero, retrasando así sine die el abono de las facturas y, por tanto, dificultando hasta límites extremos el funcionamiento de la empresa. De hecho, son miles los trabajadores que se han ido al paro en los últimos años en la construcción y centenares las empresas del ramo que han desaparecido o han tenido que presentar concurso de acreedores. Los constructores denuncian además que no tienen otra solución que seguir presentándose a concursos públicos aun a sabiendas de que pueden tardar años en cobrar porque la obra privada y la residencial están completamente paradas.

Son varios los ayuntamientos que tienen deudas importantes con las empresas aunque, según la ACP, los mayores morosos son los consistorios de Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria que acumulan un tercio de la deuda total, es decir, 50 millones de euros.

La patronal exige a los ayuntamientos que abonen sus deudas y no consigue entender cómo no se paga una obra que ya ha sido adjudicada y que se supone que tiene un presupuesto aprobado y guardado para ese fin. En cualquier caso, reclaman a los consistorios que cumplan con la Ley de Morosidad y que creen un Registro Municipal de Facturas para que los empresarios "puedan conocer el orden que ocupa su factura dentro del total de deudas de la Administración municipal, permitiéndole planificar su tesorería y dando mayor transparencia a que se siga el orden de pago con el único criterio de pagar en primer lugar las deudas más antiguas y no ningún otro que vulneraría la ley". De hecho, desde la ACP recuerdan que el interés por el impago es del 10% y que la deuda municipal aumenta 50.000 euros diarios por ese interés.

Si las Administraciones afirman que no tienen dinero para desembolsar esas deudas la única vía para los constructores pasa por denunciarlo en el juzgado. No obstante, los empresarios quieren que éste sea el último recurso dada la lentitud del sistema judicial. La patronal tiene claro que cualquier compañía ganaría el pleito pero son conscientes de que desde que ponen la denuncia hasta que se tiene una sentencia, que podría ser recurrida, pueden pasar varios años y en ese periodo la empresa podría haber desaparecido. Además, a título individual ninguna compañía se quiere enemistar con un ayuntamiento o con la Junta de Andalucía porque piensa que se puede cerrar puertas para futuros contratos.