Los constructores de la provincia aseguran que están con el agua al cuello. No levantan ni una vivienda desde hace tres años y varias administraciones públicas no les pagan las obras contratadas y realizadas, dejándolos al borde del concurso de acreedores. El presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), José Prado, denunció ayer que la Junta de Andalucía "lleva dos años sin pagar nada a las pequeñas y medianas constructoras locales y les adeuda 160 millones de euros".

Prado afirmó que hay "más de 150 obras" que se están viendo afectadas y que se paralizarán si se mantiene ese impago. No ha afectado, de momento, a los grandes proyectos de la Junta como el Metro o el Palmeral de las Sorpresas, pero sí a pequeños trabajos en carreteras, colegios, estaciones depuradoras y hasta tramos del AVE que han dado oxígeno a las pymes malagueñas y cuyo presupuesto está en torno a los 500.000 euros.

Los constructores denuncian que la Junta está "guardando en un cajón sin tramitar" las certificaciones de finalización de obra que entregan las empresas al Gobierno autonómico y, por tanto, se quedan sin cobrarlas. De esta forma, la ACP subraya que la Junta licita obras, las adjudica y, cuando el constructor las termina, no las paga. Prado se preguntó ayer dónde está el dinero que se había presupuestado para esas obras e hizo hincapié en que "el sector está perplejo ante la irresponsable gestión de la Junta". El presidente de la ACP aseguró que las empresas "ya han llegado al límite porque han agotado sus reservas en los tres últimos años, por lo que la situación es insostenible". De hecho, Prado indicó que esa deuda de la Junta, unida a que la licitación pública del Gobierno autonómico ha descendido un 60% en el primer trimestre de este año, provocará el despido de 3.500 personas y la destrucción de otros 1.500 empleos indirectos en el sector.

Desde la patronal malagueña se afirma que la Junta de Andalucía no solo no está cumpliendo con la Ley de Morosidad -debería pagar en 50 días- sino que la deuda se está incrementando a razón de 240.000 euros diarios en la provincia. A eso habría que añadirle el interés que tendría que abonar el Gobierno autonómico por la demora, que sería el bancario más un 7%.

Los constructores y la Junta de Andalucía han creado una mesa negociadora pero, según los empresarios, "no ha habido ningún resultado después de tres reuniones, pues siempre nos dicen que no hay dinero y que es lo que hay".

Si se enquista la situación, la única opción sería acudir a los tribunales. No obstante, Prado consideró que esa alternativa sería un "suicidio colectivo" porque podrían pasar años hasta que el juez resolviera el abono y "en ese tiempo ya se habría destruido la empresa".

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, afirmó ayer en el Parlamento andaluz que la Junta atenderá "con la mayor prontitud" el pago de las obras ejecutadas, cuya deuda en el conjunto regional es de 1.000 millones de euros. La consejera indicó que el ajuste de recursos que se ha producido en los dos últimos ejercicios "ha generado desajustes presupuestarios al tener la Consejería una programación de carácter plurianual". No obstante, los impagos no solo afectan a Obras Públicas sino también a otras tres consejerías.