El convenio de Limasa: ¿derechos o privilegios?

  • Los trabajadores disfrutan de unas condiciones que algunos tachan de "ilegales", aunque tanto los privados como el propio Ayuntamiento lo han consentido

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Cuando los trabajadores de la empresa mixta de limpieza Limasa protestan, la ciudad se echa a temblar. La amenaza de una huelga indefinida a partir del lunes es sólo la punta del iceberg de una larga historia de amor-odio entre sus tres grandes protagonistas: los empleados, el Ayuntamiento de Málaga (con el 49% de la participación) y los socios privados (FCC, Urbaser y Sando con el 51% de las acciones). Los primeros por querer mantener a toda costa las concesiones laborales que han conseguido atesorar desde hace años y los segundos por haberse dado cuenta ahora en tiempos de crisis de la dificultad de mantener tales condiciones. La plantilla quiere defender lo que muchos califican de privilegios y luchar por lo que tanto el Consistorio como sus socios les han concedido y permitido con la firma del convenio laboral ahora como motivo de disputa.

Con más de 5 millones de personas engrosando las listas del paro en España en estos momentos y una masa trabajadora cada vez más mileurista, las exigencias del comité de empresa de Limasa resultan incomprensibles para el portavoz del grupo municipal de IU en el Consistorio malagueño, Pedro Moreno Brenes, y a la vez hasta cierto punto lógicas cuando se las han consentido sin reservas desde 2001. Así lo cree el edil que responsabilizó de esta situación a "quien mantiene ese sistema y lo ha permitido desde que gobierna", por lo que criticó que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "se haga ahora el nuevo y criminalice a la plantilla cuando él firmó ese convenio que están exigiendo que se cumpla".

Ese documento ahora objeto de polémica, y que según reconocieron ayer fuentes municipales, se ha convertido en algo insostenible, incluye aspectos que algunos juristas han cuestionado abiertamente e incluso el propio Moreno Brenes ya denunció hace dos años en una moción en un Pleno municipal, que ni el equipo de gobierno del PP ni el grupo municipal socialista apoyó entonces. Que la contratación de los trabajadores de la empresa se haga mediante los criterios de igualdad, méritos y capacidad del aspirante es un principio básico que IU defiende, pero que en el caso de Limasa parece que no se cumple siempre.

La posibilidad de que los puestos vacantes en la empresa puedan ser heredados por familiares en el caso de invalidez o fallecimiento es uno de los privilegios recogidos en el convenio de Limasa que más han dado que hablar y al que los propios trabajadores consideran "innegociable".

Lo que muchos no han dudado en calificar de "ilegal" aparece claramente plasmado en el artículo 50 del convenio aprobado en 2010 y que precisa que "los operarios que obtengan cualquier tipo de invalidez o hayan cursado directa o indirectamente el proceso de invalidez antes del mes 16 de IT (Incapacidad Temporal) cubrirán su vacante por otra persona propuesta por él".

Pero no son los únicos privilegios de los que gozan según el convenio en vigor.

Al salario base de cada trabajador, se suma un complemento personal por antigüedad, un plus complementario, un plus de actividad, un plus extrasalarial, un plus de nocturnidad, un plus posterior a domingo o festivo no trabajado, un plus por los festivos trabajados, las vacaciones y cinco pagas extraordinarias (verano, marzo, septiembre, Navidad y una por productividad para evitar el absentismo laboral que se abona en el mes de enero), aparte de las horas extraordinarias.

En este marco salarial, habría que añadir 409 euros del llamado Fondo Social, 68 euros por empleado como ayuda por Navidad, 429 euros de ayuda por jubilación, a sumar a otra aportación de 244 euros por año trabajado en caso de jubilación o invalidez, otros 183 euros en caso de que uno de los operarios se case y 202 euros como premio por tener un hijo.

Más allá de las condiciones salariales, los trabajadores de Limasa gozan por convenio de otras prebendas como disfrutar de 20 días naturales por matrimonio frente a los 15 que marca la ley, además de 36 días de vacaciones y cinco días de asuntos propios.Todo un lujo en los tiempos que corren y que los trabajadores no quieran perder ahora.La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, María Gámez, también considera que la situación que se está viviendo ahora es "responsabilidad municipal por consentirles antes y ahora exigirles sacrificios", porque fue De la Torre "quien aprobó con su voto de calidad en 2010 cuando las arcas municipales no estaban tan mal como ahora y casualmente en un año preelectoral".

Pero, en su opinión, los trabajadores no son los únicos privilegiados, sino también los socios privados."La parte privada tiene un beneficio asegurado además del cobro de un canon de asistencia técnica que no estamos seguros que corresponda con el fin que se defiende", dijo la concejal socialista, quien insistió en que lo que se ha conseguido es "debilitar la posición del Ayuntamiento a la hora de negociar".La burbuja creciente en la que se ha ido convirtiendo este convenio amenaza con estallarle en las manos al Ayuntamiento que ya ni siquiera descarta rescatar el contrato del servicio de limpieza que tantos quebraderos de cabeza le ha dado.

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