Cuando la necesidad aprieta, el espíritu de supervivencia se agudiza y la búsqueda de nuevas salidas se convierte en la única salvación. El estallido de la burbuja inmobiliaria, y con ella la caída en picado del sector de la construcción, llevó a numerosos empresarios dedicadas al tratamiento de los residuos derivados a la quiebra absoluta. Pero, en cambio, para otros ha supuesto la posibilidad de reinventarse y dejar a un lado el reciclaje de escombros como principal sustento para encontrar otras alternativas como la reutilización de los restos de poda y la madera industrial como combustible o para la fabricación de tableros.

Hace dos años que Fernando Fuentes, gerente de Áridos Ecológicos del Sur (Arecosur), decidió apostar por esta nueva línea de negocio después de que la planta de residuos de la construcción y demolición, una de las primeras que comenzaron a funcionar en la provincia de Málaga allá por el año 2000, sufriera un drástico descenso de su actividad. "Tuve que buscar alternativas para no cerrar porque la necesidad hace que a uno se le ocurran cosas nuevas", aseguró. Y optó por aprovechar sus instalaciones, ubicadas cerca de Mercamálaga de la capital, para el reciclaje de dos tipos de residuos que hasta ese momento pocos trataban en la provincia como iniciativa privada y a los que el reglamento de residuos de Andalucía obliga a llevar a un gestor autorizado. Para hacer realidad el proyecto que rondaba en su cabeza tuvo que "malvender" las dos equipos móviles de trituración de escombros que tenía y con las que había trabajado para obras públicas de tanta envergadura para la provincia como la hiperronda o la ampliación del aeropuerto malagueño.

Con los 600.000 euros de inversión que acometió, compró la maquinaria necesaria y arrancó una actividad que de momento no ha ido nada mal. En el caso de los restos de poda recibe de todo tipo y de gran parte de los municipios situados en un radio de 30 kilómetros de la capital ya sea de particulares, empresas o administraciones. De la capital, por ejemplo, llega a la planta de Arecosur a diario los restos de la poda de tres de las cuatro zonas en las que está dividido el servicio de mantenimiento de los jardines públicos de la ciudad.

Ficus, pinos, palmeras... Cualquier resto es válido para su conversión en biomasa que servirá como combustible principalmente para la producción de energía eléctrica. El procedimiento es sencillo, explicó Fuentes. Los residuos que llegan en camiones son seleccionados previamente para evitar que se cuelen otro tipo de restos antes de pasarlos por el molino donde se tritura hasta convertirlo en un material manejable.

El tratamiento de la madera industrial que se trata en esta planta es muy parecido. En este caso se trata de palés, restos de edificaciones y también muebles, algunos procedentes de colegios donde está cambiando el mobiliario. La única diferencia con respecto al proceso de la poda es que se elimina cualquier resto férrico que vaya incrustado en estos residuos. Y su destino final puede ser también como combustible o para la fabricación de nuevos tableros de conglomerado.

No es la única planta de reciclaje de este tipo de residuos que hay en la provincia. Otras han seguido el mismo rumbo buscando una alternativa a la crisis de la construcción como las plantas de Mijas, Marbella y Estepona, a las que se suman la empresa mixta de limpieza Limasa gestiona en el centro ambiental Los Ruices de la capital y el complejo ambiental de Valsequillo perteneciente a la Diputación provincial.

Solamente el año pasado, esta planta recibió y trató unas 2.000 toneladas de madera y más de 4.000 de restos de poda. Este despegue en apenas dos años ha supuesto que el reciclaje de estos residuos represente ya prácticamente el 50% de la actividad, ya que el tratamiento de restos de construcción se va manteniendo a pesar de todo.

"La poda y la madera me han salvado, pero desde octubre hasta ahora estamos notando un repunte de la llegada de escombros", contó el gerente de Arecosur, que indicó que en su mayoría procede de obra pública menor como reformas de calles o de acerados. Pero algo es algo para este empresario que pasó de tener en plantilla a 25 trabajadores durante los años de bonanza económica a quedarse con apenas dos en los años más duros de la crisis para intentar salvar las cenizas de un negocio familiar que había tocado casi fondo. Sin embargo, el cambio de rumbo del negocio hacia el reciclaje de nuevos residuos ha permitido remontar el vuelo a esta planta en la que en la actualidad trabajan nueve personas. "Sé que no volverá a ser como antes, pero tampoco quiero porque ahora vivo más tranquilo", señaló.

El reciclaje de restos de obra bajó casi de golpe un 80% y durante prácticamente tres años apenas ha habido un ápice de optimismo. Únicamente esta planta llegó a recoger un volumen de escombros de más de 250.000 toneladas anuales, mientras que ahora apenas se acercan a las 58.000 toneladas.

Aunque a duras penas, este negocio se mantiene en muchas de ellas, explicó el gerente de la Asociación de Empresas de residuos de Construcción y Demolición de Andalucía (Agreca), Pablo Pérez, y que representa a una veintena de empresas del sector de la construcción en la comunidad. El tratamiento de los escombros permite aprovechar zahorra para caminos rurales y carreteras, macadán para la cimentación, arena para rellenar zanjas o grava como material de drenaje, entre otros muchos usos. Y parece que comienza a aumentar la demanda de estos materiales ya tratados para algunas obras en calles y jardines públicos.

La provincia ha sido en general una gran generadora de escombros debido al enorme volumen de construcción que experimentó antes de la crisis. En 2004, por ejemplo, se generaban alrededor de 600.000 toneladas de escombros y restos de obras al año. Sólo la capital y la Costa del Sol occidental generaban la mayoría de estos residuos con una media que rondaba los 465 kilogramos por habitante y año. En el resto de la provincia, la cifra se situó en los 280 kilogramos anuales por cada habitante.

Pero a pesar de las ventajas de aprovechar estos residuos y de la obligatoriedad legal de que sean tratados por un gestor autorizado, Málaga tiene aún repartidas unas 30 escombreras ilegales donde se depositan restos de obras sin ningún tipo de control.