urbanismo El lastre de la crisis se deja sentir en la ciudad

El cuento de la lechera de los convenios

  • La renegociación de los tres grandes hitos urbanísticos de la ciudad pone en entredicho el cobro de los 160 millones que se pactaron, de los que sólo se han ingresado 23,5

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"Como esta leche es muy buena dará mucha nata. Batiré muy bien la nata hasta que se convierta en una mantequilla blanca y sabrosa, que me pagarán muy bien en el mercado. Con el dinero, me compraré un canasto de huevos y, en cuatro días, tendré la granja llena de pollitos, que se pasarán el verano piando en el corral. Cuando empiecen a crecer, los venderé a buen precio, y con el dinero que saque me compraré un vestido nuevo de color verde..." Éste es el inicio de una de las numerosas versiones del afamado cuento de la lechera, en el que su protagonista, en una ensoñación sin fin, imaginaba todo lo que iba a hacer cuando vendiese la leche, sin pensar siquiera en la posibilidad de que el recipiente se le cayese al suelo y todo lo pensado se difuminase.

Salvando la distancia de lo onírico, al Ayuntamiento de Málaga le ha pasado algo parecido en los últimos seis años, en los que los dineros a cobrar con los suculentos convenios urbanísticos permitieron a los entonces responsables municipales, encabezados por el alcalde, Francisco de la Torre, imaginar todo lo que sería capaz de hacer con tanto dinero en la caja. Hasta 160 millones de euros era lo que, previo pacto con las propietarias de los suelos de Martiricos y de las antiguas parcelas de Repsol y Térmica, iba a obtener el Consistorio a cambio de autorizarles unas operaciones que, sumadas, suponían la construcción de más de 2.800 viviendas

Pero al igual que en la fábula de la lechera la protagonista se tropieza con una piedra, el alcalde se ha topado de lleno con la crisis económica y la negativa de las empresas a abonar lo que, años atrás, se comprometieron a pagar. El escenario en el que se mueven hoy los tres grandes acuerdos urbanísticos de la ciudad, ensalzados en su día por De la Torre como mecanismos con los que transformar la capital de la Costa del Sol, ponen de relieve la incertidumbre en la que se maneja hoy la Casona del Parque y el desarrollo futuro de la urbe.

Los números hablan por sí solos. Hasta la fecha, de los algo más de 160 millones previstos, los actores privados sólo han desembolsado 23,5 millones (12 millones del convenio de Repsol y 11,5 millones del de Martiricos), sin que el panorama futuro sea especialmente halagüeño. Tras más de año y medio de contactos con las promotoras, que justifican su imposibilidad de hacer frente a su parte del trato en el mal momento económico, la Gerencia de Urbanismo ha cerrado recientemente una adenda al documento de Martiricos, que le garantiza cobrar en metálico sólo 4,5 millones (los otros 7,1 millones pendientes de entregar serán aportados por la propietaria, Inmobiliaria Espacio y Unicaja, en obras) y espera formalizar otra en los próximos días o semanas con los antiguos suelos de Repsol.

Esta última pieza del puzzle urbanístico de la ciudad, a la que se dio forma a mediados de 2006, como ya avanzó Málaga Hoy el pasado jueves, se materializará mayoritariamente no en dinero contante y sonante, sino en suelos que la promotora NovaGaliciaBanco entregará a modo de pago a Urbanismo. Es decir, que del mayor convenio urbanístico jamás firmado por el Ayuntamiento en su historia, tasado en 82 millones, sólo ha podido ingresar hasta la fecha 12 millones.

Bien es cierto que desde el equipo de gobierno del PP se insiste en que su pretensión es vender los alrededor de 118.000 metros de techo edificable que le corresponden (la mayor parte de ellos residenciales) para conseguir nuevos recursos económicos. Pero ¿cuándo lo hará? Y sobre todo, ¿cuánto obtendrá por su enajenación en un momento en que el sector del ladrillo está estancando? Son las dos cuestiones que están sobre la mesa y que, una vez resueltas, permitirán conocer hasta qué punto la sustancial variación introducida en el convenio de Repsol es o no lesiva para los intereses municipales.

Una muestra del empeño que el Ayuntamiento puso en esta operación quedó plasmada apenas diez días después de la firma del convenio con la entonces propietaria de la parcela, Comarex. En un Pleno municipal, el que era concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, sintetizó el sentir del gobierno local al asegurar que esa intervención, que incluía un rascacielos de 160 metros, haría que Málaga dejase de ser "una ciudad pueblerina" para pasar a "ser una gran ciudad". No podía imaginar el ahora exedil de PP el naufragio de este magnífico proyecto urbanístico.

La paradoja del caso es que el equipo de gobierno del PP acepta una vía que rechazó de plano cuando la utilizó la Junta de Andalucía al aceptar el pago con solares de la deuda histórica contraída por el Gobierno central. En aquella ocasión, en una moción de Pleno, fue taxativo al exigir que el débito se saldase "con dinero contante y sonante".

La otra vía de agua abierta en el casco del Consistorio es la de los suelos de la antigua Térmica y el convenio firmado con Endesa. El mismo fijaba una aportación de los privados de 58 millones de euros a cambio de que le diesen luz verde para proyectar en la zona una nueva Acera de la Marina con hasta 773 viviendas, usos hoteleros y comerciales... De agosto de 2008 data la rúbrica del citado acuerdo, ahora en vilo por la negativa de la empresa a pagar lo que le corresponde. Una negativa que, por lo que se ve se mantiene firme, incluso después de que el propio Ayuntamiento haya aceptado rebajar la cuantía de la compensación, asumiendo que el precio del suelo actual es sensiblemente inferior al que tenía cuando se produjo la firma.

La incidencia de este desacuerdo es sensible, por cuanto la cuantía consignada en el mismo (a diferencia de los otros dos acuerdos) sí tienen destino claro, caso del bulevar sobre el soterramiento del AVE, carriles bici, un nuevo puente sobre el río Guadalhorce, el soterramiento de Cánovas del Castillo... Y todo ello, tres años y medio después de que se plantease sobre el papel, sigue esperando a que el dinero entre en unas arcas, las municipales, lastradas por la reducción de los ingresos del Estado y la rebaja sustancial de la industria del ladrillo.

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