La Junta tiene previsto aprobar mañana, en Consejo de Gobierno, el decreto a través del cual se regulará la situación de miles de edificaciones construidas en suelo no urbanizable en el conjunto de la comunidad autónoma, según indicaron a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz. Esta aprobación se efectuará una vez superados los numerosos trámites previos necesarios y emitidos los preceptivos informes. Así, la Junta de Andalucía lleva trabajando en la elaboración de ese documento "desde hace casi un año", y ha sido objeto de sucesivos informes, entre ellos del gabinete jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo".

El decreto de regularización permitirá dar solución a decenas de miles de viviendas irregulares en toda Andalucía, especialmente en zonas como la comarca almeriense del Almanzora o la Axarquía malagueña, lugares en los que se han inventariado más de 25.000 construcciones fuera de ordenación en suelo no urbanizable. La primera fase de estos inventarios ha concluido en 32 municipios de las comarcas del Valle del Almanzora y de la Axarquía, donde se han identificado algo más de 25.500 edificaciones en terreno no urbanizable. De acuerdo con el análisis realizado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el nuevo decreto podría aplicarse a casi el 90% de estas construcciones.

De este modo, en la Axarquía la Junta ha identificado 12.760 construcciones ilegales repartidas por 22 municipios, de las que unas 11.000 podrían beneficiarse del nuevo decreto; mientras que en Almería se han detectado en torno a 12.700 casas, de las que unas 11.700 también podrían ver normalizada su situación gracias a este documento.

Ya la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, destacó que con este decreto se pretende "clarificar" la situación en la que se encuentra el "volumen muy alto" de ese tipo de construcciones que existe en la comunidad autónoma. La consejera ya explicó que el decreto distinguirá, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos). Respecto a las viviendas aisladas, el decreto diferenciará las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, se hará una distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras en las que no puede darse esta circunstancia por ubicarse en suelos protegidos o inundables.

La norma dará así una respuesta diferenciada a cada situación, de manera que, según los casos, las viviendas puedan obtener una licencia de ocupación o un reconocimiento que les permita mantener su estado actual y acceder a servicios como los de luz y agua.