La defensa de San Román dice que pagó 3 millones acosado por Roca

  • El abogado del empresario taurino reconoce el cohecho al explicar que fue "abocado a un callejón sin salida" en sus negocios inmobiliarios en Marbella

El abogado Jorge Manrique hizo ayer un relato tan sencillo como estremecedor de lo que presumiblemente ha sido hacer negocios en Marbella. Ante el tribunal que debe resolver los recursos contra el procesamiento de los imputados en el caso Malaya, reconoció que el ganadero Fidel San Román pagó tres millones a Juan Antonio Roca, pero que lo hizo porque fue "abocado a un callejón sin salida" en el que pasar por caja era la única solución.

San Román, de acuerdo con la exposición de su defensa, promovió la zona conocida como El Cantizal, que compró "por 6.900 millones de pesetas y no 690 como se indica en el auto" a una sociedad que resultó estar vinculada a Roca, aunque "él nunca lo supo".

En este suelo levantó 15 bloques. Vendió los pisos de 11 edificios sin que surgiera ningún obstáculo y cuando ya había concluido las obras y hasta equipado las cocinas de los cuatro últimos el Ayuntamiento se resistió a darle la licencia de primera ocupación. "Había vendido 64 viviendas que no podía entregar a 64 familias", argumentó.

Fidel San Román "no creó ningún problema. Sólo trabajó, generó puestos de trabajo y cuando tenía que dar las llaves de los bloques surgió el problema". Entonces se llegó a la situación de "tener que pasar por donde había que pasar, porque había que resolver el problema". "Se pagó con el ánimo de solucionar los problemas a terceras personas", concluyó.

Manrique instó al tribunal a "ponerse en la cabeza de un empresario que ha vendido un tercio de sus viviendas y no puede entregarlas hasta que, sorpresivamente aparece una solución mágica o técnicamente viable. Se vio abocado".

El segundo asunto que se le imputa a este empresario es un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y Edificaciones Tifán que, previo pago, supuestamente permitió elevar la edificabilidad de una parcela en un 300%. En este sentido la defensa precisó que el suelo ya estaba sujeto a un convenio cuando lo compró San Román que lo único que trató de hacer fue subrogarlo, o sea, cambiar el nombre del titular del convenio. Ahí surgió la segunda dificultad: se le hizo saber que sólo le daría "carta de naturaleza" si pagaba "dos millones a la caja del Ayuntamiento" y avalaba con pagarés la entrega de otros dos millones de euros.

"Se le dice que tiene que producirse esta addenda [en relación a los pagos] sin que él en ningún momento supiera a quién se le abonaba finalmente el dinero". Es decir, entregó dos millones y aportó pagarés por valor de otros dos, que luego la Gestora bloqueó, sin ser realmente consciente en este caso de que el dinero no se ingresaba en las arcas municipales. En cualquier caso nunca se construyó en aquel suelo que sigue siendo "un erial".

Esta parte, que también hace valer en su recurso de defensa la vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción de la causa, apeló a la Fiscalía y a las acusaciones para que tengan en cuenta "el estado de necesidad y el arrepentimiento espontáneo" y, así, serenen su postura respecto a este acusado "minorando" la "responsabilidad penal".

El abogado del empresario y ex presidente del Sevilla, José María González de Caldas, también presentó a este procesado como una víctima de la "coacción" y "extorsión" de Roca, que quería comprarle un edificio para pagar una deuda con la Caixa, y le propuso una permuta por otros suelos sujeta a un convenio valorado en 2.000 millones de pesetas, de los que 1.500 correspondían a estas parcelas y los 500 restantes los aportaba González de Caldas, de los que "300 eran para el Ayuntamiento y 200 se pagaban fuera de convenio".

El trato no fue aceptado. La defensa de este empresario aludió a este caso para justificar que el empresario tampoco hubiera pagado, como sostiene el auto de procesamiento, 60.000 euros por una licencia de primera ocupación por silencio administrativo que, finalmente, no llegó a materializarse.

Finalmente, el abogado Antonio Ruiz Villén, en representación de Tomás Olivo, negó que el dueño del centro comercial La Cañada hubiera pagado "una cifra tan peculiar" como es 600.512 euros por dejar caducar el expediente urbanístico de un asunto que fue objeto de contencioso "encarnizado" entre Olivo y el Ayuntamiento de Marbella. Al tiempo, rebatió que se produjeran pagos ilícitos y blanqueo de capitales en la permuta de tres locales por un edificio en Puerto Banús, porque pagó, tal y como se exigía, 1,8 millones en efectivo a los vendedores, Andrés Liétor y Carlos Sánchez, desconociendo el destino que estos dieron a esa suma de dinero que presumiblemente acabó en manos de Roca para saldar una deuda de Ávila Rojas.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios