El listado de jóvenes que demandan una vivienda a precio asequible en alquiler con opción a compra multiplica por 62 la oferta que tiene el Ayuntamiento de Málaga en obras o en próximo desarrollo. En concreto, frente a la existencia de unos 8.500 personas de menos de 35 años inscritas en el registro de demandantes (integrado por unas 15.000 personas), la Sociedad Municipal de Vivienda, dependiente del Consistorio tiene en proceso de ejecución 109 unidades, a las que podrá añadir en los próximos meses otras 28.

De acuerdo con los datos aportados desde esta sociedad municipal, son en total seis las promociones en estas condiciones que hay ya en proceso de construcción (Villazo Bajo, 38; Calvo, 16; José María Garnica, 35; Yedra, 5; Camino San Rafael, 7, y Zurbarán, 8), a las que se adherirán otras dos próximamente (Maqueda, 24, y González Edo, 4). La última en ponerse en marcha fue ayer la de Villazo Bajo, siendo la primera que se desarrolla en el litoral Este de la capital.

El impulso de las 1.000 viviendas de la Universidad sigue sin el horizonte despejado

Las previsiones marcadas por el ente público más allá de estas intervenciones residenciales apuntan a la nada. Porque en el horizonte sigue apareciendo como principal proyecto la puesta en carga del sector Universidad, donde se dibujan poco más de un millones de pisos, de los cuales del orden de la mitad serán en régimen de alquiler (aún queda por precisar si con opción a compra) y la otra mitad en venta. Ni la Junta de Andalucía, cuya apuesta por la VPO en la capital es casi nula desde hace años, se suma a la poca actividad del sector privado y que el mismo promueve viviendas en venta (220 viviendas en la zona de Martiricos, por ejemplo).

El escollo con el que se topa el aparato municipal es que el impulso a esta promoción (sería la segunda de mayor tamaño en la historia de la ciudad tras Soliva) sigue bloqueado por la ausencia de un escenario claro en lo que a las ayudas estatales se refiere. Ya el pasado mes de octubre, sin que haya variado la situación, el propio alcalde, Francisco de la Torre, justificaba su negativa a ir adelante con esta actuación hasta tener la seguridad de que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía abren la vía para apoyar económicamente a la construcción de este tipo de pisos.

Las promociones planteadas en esos suelos ya cuentan con los proyectos de edificación y con la obra de urbanización concluida. El regidor relacionó la imposibilidad de poner las primeras piedras de las mismas en la necesidad de que las administraciones regional y estatal regulen un plan de fomento de la vivienda "para que la promoción pública y privada puedan hacer mayor oferta". El escollo detectado es que sin la aportación procedente de estas administraciones todo el coste de l a construcción de estas viviendas recaería directamente sobre los arrendatarios o futuros compradores. Una losa que se antoja imposible de asumir por colectivos que en muchos casos tienen recursos limitados.

A modo de ejemplo, la construcción de un piso puede costar entre 75.000 u 80.000 euros; si ese dinero se financia por medio de un préstamo, la hipoteca rondará entre los 350 y 400 euros mensuales, pero ¿cuánto cobra el Ayuntamiento por el alquiler? En función de los recursos de los destinatarios la horquilla puede ir de 150 a 250 euros, con lo que siguen quedando otros 150 o 200 euros pendientes que hasta hace unos años se pagaban con las ayudas públicas. Pero como ahora no hay ¿quien paga ese dinero? Tendría que ser el propio Ayuntamiento.