A Vladimir Beniachvili, el que fuera promotor del polémico centro hispano-ruso, los más de 12 años de obras ilegales que ha ido ejecutando de manera continuada en su finca de Pinares de San Antón, le van a costar caros. Tanto como alrededor de un millón de euros. En eso traduce hasta el momento el Ayuntamiento de Málaga el permanente desafío que el empresario ha mostrado ante las numerosas órdenes de paralización y demolición emitidas por la Gerencia de Urbanismo en este intervalo de tiempo.

El último eslabón en la larga cadena de actuaciones que el ente municipal ha pasado a facturar a Beniachivili es el coste de los trabajos de demolición llevados a cabo en los últimos meses en su finca, al objeto de reponer la legalidad urbanística alterada. Según explicó a este periódico la jefa del departamento de Disciplina, Teresa Domingo, la labor desarrollada de forma subsidiaria por el Consistorio, a través de la firma que tiene contratada para este tipo de actuaciones, están valorados en unos 285.000 euros, aunque se encuentra en plazo para poder presentar alegaciones a la misma.

Pero no es ésta la única obligación económica que ha de asumir el promotor. De hecho, el derribo de los alrededor de 3.500 metros cuadrados edificados al margen de la ley (con dos grandes inmuebles, en los que había varios salones a modo de cafetería-bar, una sala de ballet de 200 metros, varios gimnasios, saunas y dormitorios, entre otros elementos) sólo fue el punto final a una extensa intervención municipal, especialmente contundente en 2010.

Desde principios del pasado ejercicio, el departamento de Disciplina le impuso 15 multas coercitivas y una sanción, cuya suma económica se traduce en 760.000 euros (ocho multas coercitivas por no demoler, por 78.953 euros cada una; seis por no restituir los terrenos a su estado original, por 6.600 euros cada una; una multa coercitiva por incumplir la orden de suspensión, por 6.600 euros, y una sanción por movimientos de tierras en suelo no urbanizable sin la preceptiva licencia, por 90.000 euros). Unos números que dan muestra de la envergadura de la actuación iniciada a mediados de diciembre del pasado año y que no quedó completamente culminada hasta casi finales de enero, tras la recogida completa de los escombros.

Sin embargo, como precisó Domingo, la tarea por parte de Urbanismo no está culminada, a la espera de actuar sobre el terreno para recuperarlo desde el punto de vista paisajístico.

Para ello, explicó que la misma empresa encargada de la demolición se encuentra desde hace semanas redactando un proyecto de intervención, que incluirá la plantación de vegetación y arbolado con el fin de reponer la imagen original de la zona afectada por las obras. A este primer documento, se añade otro estudio geotécnico cuyo objetivo es determinar en qué medida se puede actuar sobre los muros de contención que en estos doce años ha ido construyendo Beniachvili como herramienta, no sólo de contención de los terrenos, sino también para ir ampliando sucesivamente el volumen de edificaciones.

El planteamiento inicial de Vladimir Beniachvili es el de alegar ante esta última sanción, como ha venido haciendo con anterioridad con las otras sanciones. Su abogado, Fernando Tabohada, así lo expuso: "La tengo encima de la mesa y estamos en plazo de presentar alegaciones y las haremos". "Veremos cómo se adjudicó la obra, cuál era el presupuesto previsto y que nos den detalle de las certificaciones, del personal y las obras realizadas", dijo el letrado, que consideró que se trata de una factura "demasiado elevada".