Los miles de malagueños que confiaban en que la revisión de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) permitiría saciar de manera definitiva la alta demanda de pisos a precio asequible existente en la provincia tendrán que seguir esperando. El importante retraso que acumula la revisión de los documentos de todos los municipios de Málaga hace inviable que las reservas del 30 por ciento de suelo urbanizable a las que obliga la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para construir viviendas de protección oficial (VPO) estén disponibles antes de cuatro o cinco años.

Este sombrío panorama a medio plazo fue confirmado ayer por el deceno del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco San Martín, quien se quejó de que desde las administraciones públicas se hayan abierto una serie de "expectativas" en relación a este tema que "no son tan reales a corto plazo".

"La mayoría del planeamiento municipal está parado porque los ayuntamientos se han encontrado con que a la mitad de la partida les han cambiado las cartas y las reglas", explicó San Martín en clara referencia a las numeras modificaciones introducidas por la Consejería de Obras Públicas en la norma autonómica, vigente desde 2003. Esta sucesión de variaciones en el texto no ha hecho otra cosa que entorpecer el proceso de adaptación al que están obligados las corporaciones locales, que acumulan a estas alturas casi cinco años de demora. "Hay que tener en cuenta que muchos municipios tenían ya el PGOU con aprobación inicial y se han visto obligados a reiniciar las actuaciones", dijo.

El calendario que es necesario dibujar antes de prever la puesta en carga de los suelos previstos para VPO es bastante largo. De un lado, es precisa la aprobación final de todos y cada uno de los planes municipales, algo que, de acuerdo con el estado de tramitación actual, no parece factible antes de dos años. Más aún si se tiene en cuenta que ni uno solo de las localidades ha adaptado aún su urbanismo a las directrices de la Junta y la gran mayoría, 39, tiene aún su documento en avance, y otras 30, en aprobación inicial.

A partir de ese hito, los municipios tienen que ordenar los suelos, mediante los respectivos planes parciales, una parte del proceso que, según el decano de los arquitectos, puede demorarse otros dos años. "Y a eso hay que añadir la urbanización de los terrenos, que implica otro año", declaró, al tiempo que insistió en que la realidad es que las medidas introducidas en la LOUA para responder a la demanda de vivienda "no tiene unos efectos a corto plazo".

Frente a este escenario, la Junta de Andalucía trabaja desde hace algunos meses en la concreción de acuerdos con los municipios andaluces al objeto de adelantar la reserva de parcelas para VPO y avanzar en su construcción. En el caso de la provincia, ya se conocen de la firma de convenios con ayuntamientos como Mijas, Estepona, Antequera, Coín y Álora, entre otros, así como con la Diputación provincial.

De otro lado, el máximo representante de los arquitectos en la provincia se mostró crítico con el efecto que, a su juicio, tienen las variaciones legislativas de la LOUA sobre los municipios, y, en especial, sobre los más pequeños. "Esta situación crea incertidumbre, que es lo que menos se necesita en un escenario como el actual, cuando no sabemos si estamos inmersos en una crisis o se trata de algo que tocará fondo en seis meses", manifestó. Y apuntó directamente a la Administración autonómica como parte responsable de lo que está ocurriendo.

"La descoordinación y el galimatías que hay ahora mismo en la legislación urbanística andaluza debería revisarse, porque va a tener una serie de efectos que serán más fácilmente visibles dentro de un año. Ahora mismo hay mucha obra en marcha, a pesar de lo cual los proyectos visados en la provincia han bajado un 36 por ciento con respecto al año anterior", sentenció.