Dos denuncias por apropiación azuzan el conflicto en la Cámara de Comercio

  • La entidad destituye a dos trabajadores próximos al ex gerente despedido en febrero y seguidamente los denuncia ante la Policía por no entregar los ordenadores · Los despidos aluden a "faltas muy graves"

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La Cámara de Comercio de Málaga alcanza su 125 aniversario en un escenario convulso: a las dudas sobre el futuro que aguarda a estas entidades públicas una vez que se haga efectiva la voluntariedad de las cuotas que ahora pagan empresarios y autónomos se suman los problemas internos que han concluido con la denuncia a dos empleados por supuesta apropiación indebida. Ambos eran personas próximas al ex gerente de la institución, despedido en febrero de este año previa indemnización de 150.000 euros.

Los denunciados son Manuel Raimundo Díaz, sobrino del ex gerente de la organización empresarial y empleado en el área de proyectos y formación. El segundo, Carlos Santiago Rey, estaba al frente de un proyecto relacionado con las auditorías ambientales en las empresas. Los dos trabajadores fueron despedidos a propuesta del presidente de la entidad, Jerónimo Pérez Casero. La salida fue aprobada el 4 de marzo por el comité ejecutivo de la Cámara. Tres días después la ratificó el pleno. Las denuncias contra ambos ante la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) porque, presumiblemente, no habían atendido los requerimientos para que entregaran a la entidad los ordenadores portátiles que les había dado para el desempeño de su trabajo se produjeron en los días siguientes.

Uno de los denunciados justificó durante su comparecencia ante la Policía su negativa a entregar el ordenador en su temor a que pudiera alterarse o sustraerse algún dato que pudiera comprometerlo. Las diligencias han pasado ya a disposición de la autoridad judicial, que previsiblemente les tomará declaración en junio. Ambos fueron citados a declarar ante la Policía el 15 de marzo y allí, en las puertas de la Comisaría Provincial, personal de la Cámara de Comercio les entregó en mano la carta de despido que hasta entonces no habían podido notificar personalmente.

El mismo día que la asamblea de la Cámara aprobó los despidos, los dos empleados trataron de detener su salida presentando una comunicación escrita, avalada por el sindicato Comisiones Obreras, en el que informaban de su candidatura como delegados en las elecciones sindicales del organismo. El presidente de la Cámara, Jerónimo Pérez Casero, ha confirmado que la candidatura presentaba un defecto de forma al estar referenciada a un número patronal erróneo. Posteriormente, cuando se celebraron las elecciones no pudieron ejercer su derecho al no figurar ya en el censo de trabajadores. Esta decisión, así como los despidos han sido recurridos. Además, ese mismo 7 de marzo tanto Díaz como Rey presentaron sendas bajas médicas por enfermedad.

Jerónimo Pérez Casero ha señalado que la destitución de Manuel Raimundo Díaz responde a varias razones entre las que figuran su supuesta incompatibilidad al trabajar sin que medie autorización expresa tanto para la Cámara de Comercio como para la fundación Incyde, dependiente del Consejo Superior de Cámaras y la divulgación de información errónea a proveedores, suspensión de programas formativos "por su cuenta", cuando los únicos competentes para adoptar esas decisiones son el comité ejecutivo y el pleno.

La carta de despido, con fecha 9 de marzo, que se le entregó en la puerta de la Comisaría, también señala el cobro de un complemento como coordinador del programa Feria del Conocimiento que había aprobado el ex gerente antes de su despido aunque "las tareas encomendadas" "realmente las está realizando otra persona del departamento", precisa el documento.

El escrito hace alusión a "faltas muy graves" relacionadas con la "deslealtad, abuso de confianza y mala fe contractual". También se le advierte que "presuntamente está haciendo una apropiación indebida" al no devolver el ordenador "no sólo" por la herramienta en sí "sino, y sobre todo," por "apoderarse de una información, documentación y bases de datos propiedad de esta entidad", lo que conduce a concluir que "sabotea" el "normal funcionamiento de la entidad".

El despido de Carlos Santiago Rey se justifica porque el programa Ecocámara al que estaba adscrito no ha logrado las ventas de 175.000 euros previstas para 2010, sino que ha ingresado 3.668 euros y generado "unos gastos de personal de 25.720 euros". En el escrito, el presidente de la Cámara le hace también las mismas observaciones sobre el uso del ordenador. Los despidos han sido recurridos y el lunes está previsto que se celebre el acto de conciliación.

El último episodio tuvo lugar el martes de esta semana, cuando Manuel Díaz remitió un correo electrónico a miembros del pleno cameral en el que advierte que ratificar su despido podría ser interpretado como un delito de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. En esa comunicación aludió también a las declaraciones ante la Policía y a las cartas de despido, al tiempo que insinuó que el escenario que envuelve esta polémica está movido por un conflicto entre la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), con quien supuestamente están en sintonía, y la dirección de la Cámara.

Este periódico trató ayer, sin éxito, de recabar la opinión de los afectados a través de su abogada, Rocío García, que declinó la oferta.

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