Casi 7.400 personas se verán afectadas en la provincia por el aplazamiento hasta 2013 de la Ley de Dependencia dispuesto por el Gobierno para contener el déficit. La estimación la dio a conocer ayer la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga. Según sus datos, en la provincia hay 7.377 dependientes con la valoración ya realizada correspondientes al grado I-nivel II, que son los que están a la espera de beneficiarse de las prestaciones, que en la actualidad alcanzan ya a unas 29.000 familias.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Remedios Martel, exigió ayer al Ejecutivo español "rigor, seriedad y sensibilidad" con la Ley de Dependencia. La máxima responsable de la Junta arremetió contra el Gobierno central porque indicó que no se puede decidir sobre una Ley de esta dimensión e importancia social de manera unilateral y sin contar con las comunidades autónomas, que son las que la desarrollan y participan en su financiación. "El Gobierno lo que ha hecho es paralizar la Ley de Dependencia y castigar a comunidades como Andalucía que la viene desarrollando y financiando de manera ejemplar", sostuvo. "Lo más preocupante es que esta decisión se toma de forma unilateral sin hablar con los gobiernos autonómicos. Desde la Junta de Andalucía lo mínimo que exigimos es que se contacte con nosotros puesto que somos la comunidad que más y mejor ha aplicado esta Ley que ha supuesto una profunda revolución social. Es, de hecho, una de las iniciativas más justas desde el punto de vista social que se hayan podido tomar", manifestó Martel.

La delegada cree que todas las instituciones deben cerrar filas y anteponer el interés general ante todo: "Me gustaría contar este proceso con el apoyo de los ayuntamientos malagueños, también los del PP, que tantas cartas y mociones en pleno han presentado exigiendo celeridad en la aplicación de la Ley de Dependencia".

La Junta pide al Gobierno "seriedad y que no improvise" con un asunto tan importante. "Los ajustes hay que hacerlos, pero no por el lado de los más débiles", añadió Martel, que avanzó que la Junta de Andalucía seguirá aplicando la Ley con máxima convicción. "Sin embargo, no podemos hacer nada si el Gobierno de Rajoy sigue adelante con esta medida", acotó. "No podemos acabar con un derecho tan reciente, y por lo tanto más frágil, como la Dependencia. Hay que cambiar el 'chip', las políticas sociales no son un gasto sino una inversión. Es más, la clase media dejaría de serlo si ahora tuviera que empezar a pagar por el gasto social", dijo.

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