El informe de la Secretaría General de la Diputación de Málaga sobre las contrataciones realizadas por el Área de Medio Ambiente dirigida por Marina Bravo a la empresa del hermano de su pareja, en la que también trabaja él, no concluye claramente si hay o no conflicto de intereses pero sí considera que, aún tratándose de contratos menores, "debería haberse acudido a solicitar al menos dos ofertas o presupuestos más". Así, el informe considera que de esta manera se garantiza "la imparcialidad, transparencia, integridad y concurrencia en las contrataciones". No obstante, al ser contratos menores no se infringiría ninguna normativa al respecto pero sí sostiene la habilitada nacional que el administrador único de la empresa es "pariente en segundo grado de afinidad" puesto que, legalmente, la relación de convivencia afectiva es equiparable al cónyuge. A partir de ahí incluye en el documento diferentes casos, la jurisdicción al respecto y las dificultades para determinar si hay o no conflictos según los casos.

Pese a que en el documento señala que, según la relación de parentesco, se estaría "a priori en un supuesto en que podría concurrir un conflicto de intereses en la contratación", en sus conclusiones insta al presidente de la institución, Elías Bendodo, a acordar el inicio de un procedimiento contradictorio para determinar si existe o no dicho conflicto de intereses. De esta manera se deberá dar audiencia a la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, y, previo informe de los Servicios Jurídicos, "declarar la existencia o inexistencia de conflicto de intereses y posible apreciación de la prohibición de contratar de la empresa" del cuñado de la dirigente provincial.

Tras conocer el informe, ayer el presidente de la Diputación ha emitió un decreto en el que incoa ese expediente contradictorio a la diputada de Medio Ambiente para que se "garantice la audiencia de la interesada" y que permita determinar si hay o no conflicto de intereses por los contratos menores realizados con la citada empresa.

La jefa de servicio de Presidencia será la instructora del expediente y se da un plazo de diez días para que Bravo formule las alegaciones y presente la documentación que considere oportuna. Sí concluye la secretaria de la Diputación es que Marina Bravo, como diputada delegada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, es el órgano competente por delegación en los contratos menores, tanto en la tramitación de expedientes de gastos con carácter previo a las fases de ejecución presupuestaria como en cuanto al reconocimiento, disposición y compromiso del gasto.