En la comarca de la Axarquía, la implicación de los alcaldes en presuntas irregularidades urbanísticas sobre todo relacionadas con la concesión de licencias en suelo rural, se trata ya como un problema colectivo. Los regidores buscan una solución conjunta para evitar procesos penales, que consideran en último extremo administrativos. Así se lo hicieron saber hace unos meses al ministro de Justicia Caamaño para quien elaboraron un escrito con sus reivindicaciones. Ahora pretenden reunirse con el consejero de la Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espada para pedirle una modificación de la Ley de Ordenación del Suelo de Andalucía a la que culpan de la situación que están viviendo con la limitación de la construcción en el suelo no urbanizable.

Por un lado defienden que muchos de los casos abiertos por incumplimiento de la LOUA, son precisamente anteriores a ésta, y en otros, se ha vulnerado porque ni siquiera cuentan con planes generales con los que regirse a la hora de dar licencias. Los regidores entienden que se deben limitar las construcciones en los municipios del interior, pero presuponen que la ley debe castigar cuando se permite en suelos para equipamientos, parajes protegidos o para urbanizaciones desmesuradas. Consideran que el despoblamiento de estas localidades puede ser una realidad si no se modifica la LOUA.

Estos preceptos son algunos de los que esta semana han tocado en la Mesa del Urbanismo convocada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía a la que asistieron una veintena de alcaldes. Se reunirán una vez al mes y estudiarán los artículos de la ley de suelo para pedir su reforma. El problema es que con tan sólo una reunión ya han aparecido las discrepancias. El PP entiende que no tiene sentido mientras no haya una reunión con la Junta, que tiene las competencias urbanísticas. Para este grupo, las reuniones pueden ser una pérdida de tiempo que no están dispuestos a asumir.

Los cierto es que en la Axarquía hay abiertos procesos contra más de una docena de alcaldes. El último ha sido el de Canillas de Albaida por un delito urbanístico por omisión. Antonio Díaz dio una licencia en el no urbanizable sin que existiese un proyecto técnico visado o con un plan de actuación. También han sido condenados, el ex alcalde de Cómpeta, Leovigildo López a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística y el al ex alcalde de Arenas, Victoriano Cuadra y al ex concejal de Urbanismo, José Antonio Alcoba (PP).

Tienen causas abiertas el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), por presuntos delitos contra la ordenación del territorio por entregar licencias para viviendas unifamiliares; el de Salayonga, José Luis Navas (PSOE) por cuatro viviendas en suelo rústico y el de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE) por haber concedido certificados de licencia de primera ocupación para una nave agrícola cuando en realidad se trataba de viviendas.

De todos, el caso más sonados es el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba que ha sido el único de los políticos imputados de la Axarquía que ha estado en prisión, detenido en la operación Arcos.