Rosario Cardenal (Cádiz, 1954) fue la primera jueza de Menores de Málaga. Estuvo diez años al frente de este juzgado, donde puso en marcha medidas pioneras como perseguir penalmente a los padres que permitían el absentismo escolar de sus hijos. Admite que decidió abandonar la jurisdicción de menores frustrada por la falta de apoyo que reiteradamente conducía su trabajo al fracaso. Ahora es magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga. Confiesa que ya no quiere trabajar en el orden penal porque siempre le asaltaría la duda de si el adulto sentado en el banquillo pudiera ser alguno de aquellos niños que en su día no pudo salvar del círculo de la delincuencia.

-¿Por qué dejó de ser jueza de menores?

-Acabé un poco cansada, agotada, este tipo de asuntos llegan a afectarte. Me iba a casa con los problemas... Y todo eso desgasta mucho, más aún cuando te das cuenta de que todo lo que impulsas tampoco avanza.

-Usted fue pionera en España persiguiendo el absentismo escolar. Llegó a sentar a los padres en el banquillo.

-Los niños vivían en la calle, ni siquiera tenían la posibilidad de acceder a la educación en los centros escolares. El equipo técnico constató que el absentismo era altísimo. Los colegios y los servicios sociales se implicaron muchísimo. Como estábamos empezando, los profesionales también se ilusionaron mucho.

-Pero...

-El problema venía después cuando veías que el dinero no llegaba para todo lo que querías, para todos los proyectos, los planes... Los centros estaban masificados, los menores se escapaban continuamente... Pero eso ya era una cuestión política en la que no podíamos entrar, era la Junta de Andalucía era la que debía establecer prioridades. Todavía hoy pienso que el tema de los menores no ha adquirido la relevancia que merece, porque aquellos niños se hacen mayores y siguen con su carrera delictiva. Cuando pregunto a los asistentes sociales por muchos de nuestros niños es terrible. Me dicen, este está en la cárcel, el otro en tal situación...

-Eso es difícil de asumir.

-Es que las cosas no se pueden hacer solo con voluntarismo e ideas, sino con un programa político, con recursos, marcando prioridades y con una concepción clara sobre la importancia de estos temas.

-Justo cuando usted dejó el Juzgado de Menores cambió la Ley. ¿Cree que cambió a mejor?

-Cambió en el sentido de que ahora los jueces de Menores son mucho más penales y se ha profesionalizado más esta jurisdicción. Nosotros teníamos tan pocos medios y la ley era tan abierta, interpretable y permisiva que muchas veces actuábamos casi como un asistente social. Ahora veo que se ha automatizado mucho todo. Se juzga a los menores, no se les conoce tanto... Yo creo que ahora no volvería, a mí me gustaba esa Justicia cercana, directa, humana...

-¿Cómo ha evolucionado la delincuencia juvenil en estos últimos diez años?

En el juzgado conoces toda la patología social y dentro de eso te encontrabas con los niños más desfavorecidos. Ahora esa tendencia parece haber cambiado y hay niños de otros estratos sociales que también cometen delitos y faltas. Antes eran niños de capas sociales muy deprimidas, de familias desestructuradas con graves problemas económicos. Ahora se detectan familias totalmente normalizadas, quizás porque los padres no tienen tanto tiempo para hacerse cargo de la educación de los hijos que tienen unos reclamos sociales impresionantes que los han convertido en el centro del consumo.

-¿Se ha perdido la disciplina en la educación?

-Va desapareciendo. Y las figuras de autoridad, porque muchas veces los padres quieren convertirse en colegas de sus hijos.

-¿Cómo observa el fenómeno de la violencia en la escuela?

-Yo creo que es también un problema de Ley. Hay que dotar a los centros de posibilidades para reprimir determinadas conductas. Veo mal que los niños más rebeldes o problemáticos sean expulsados de la escuela. El castigo debe continuar, no ya como represión, sino como un medio para colaborar en la educación, para hacer comprender que hay límites que no se pueden traspasar. Eso es lo que hoy en día no comprenden los niños, también ayudados por sus padres que se han relajado muchísimo y no consienten que sus hijos sean castigados ni reprendidos en el colegio, por lo que los profesores se encuentran inermes, tienen miedo...

-¿El maestro está indefenso?

-Eso empezó a ocurrir ya en la época en la que yo estaba en el Juzgado de Menores... Los profesores no siempre encontraban respaldo de la Administración y tenían miedo a veces de las familias y, claro, si tú no les das la protección que necesitan pues ellos al final bajan la guardia, porque se tienen que proteger y no tienen otra posibilidad.

-¿Hay que reconocer al maestro como autoridad?

-Claro. Las leyes de educación tienen que dotarlos de recursos para que estén protegidos. Hay que establecer medidas a aplicar a los menores que incurran en conductas violentas. Los maestros no se sienten respaldados. Unas veces por la dirección de sus centros, otras por la Administración y la Ley muchas veces tampoco les da la razón, por lo que piensan que finalmente serán ellos los que acabarán sentados en el banquillo o expedientados. Si por Ley no se regula la forma de reprimir las conductas antisociales y violentas y si no se dota a los centros de medidas de seguridad seguiremos igual.

-¿Propone vigilantes?

-Bueno, pues a veces es necesario. Si no hay unas posibilidades tiene que haber otras, lo que no puede ser es llegar a esta situación y que el profesor no tenga posibilidades de defensa.

-Decía que el trabajo en el Juzgado de Menores le acabó pasando factura y, entonces, llega aquí. Era 1997 y la Sala de lo Contencioso Administrativo ya estaba colapsada.

-Absolutamente y el entonces presidente de la Sala, Andrés Márquez, ya había dicho públicamente que los malagueños no tenían derecho a la tutela judicial efectiva precisamente por ese colapso.

-¿Sigue igual?

-Bueno, esto no está todavía metido en vereda. Seis magistrados soportamos el peso de 11.000 ó 12.000 procedimientos. Es una locura. La solución hubiera sido ampliar la plantilla de jueces y magistrados hace mucho tiempo. Ahora se van a incorporar tres, pero debieron venir hace mucho. Me siento totalmente desbordada por el trabajo y siento que no se nos ha atendido lo suficiente durante todos estos años porque los problemas se han denunciado.

-Si la Sala no hubiera estado colapsada, ¿lo ocurrido en Marbella hubiera sido diferente?

-Sí, por supuesto. Aquí tardamos muchos años en resolver el problema de Marbella, como cualquier otro asunto, claro. El retraso que llevábamos ha sido perjudicial para ese tema y para todos. Aunque se hizo algo interesante que fue la suspensión cautelar de las licencias [de obra].

-Pero se tardó mucho en suspender cautelarmente las licencias.

-Se tardó mucho, pero esa fue una de las decisiones más importantes que se pudieron adoptar... Los asuntos de Marbella siguieron el mismo rumbo que todos nuestros procedimientos... Para el ciudadano tiene que ser absolutamente desesperanzador porque tardamos siete, ocho y hasta nueve años y esto desnaturaliza mucho nuestra labor, porque la Justicia si no es rápida no es percibida como verdadera.

-Se ha planteado acceder a la carrera judicial sin oposiciones. ¿Qué le parece?

-No estoy de acuerdo. Las oposiciones son fundamentales porque cuando sales de la universidad no sabes Derecho, cuando estudias las oposiciones es cuando aprendes y, además, son un factor de igualdad.

-El Consejo General del Poder Judicial parece vivir en la crisis permanente.

-La percepción que se tiene sobre este órgano de gobierno de los jueces es que está politizado por la forma de elección de los vocales, por eso creo que habría que volver al sistema anterior y que los vocales fueran elegidos directamente por los jueces.

-La corrupción ha arrastrado a la clase política al desprestigio. ¿Cree que está generalizada?

-No creo que sea algo generalizado, pero si nos referimos a la Administración local tengo muy claro que la financiación de los ayuntamientos es un tema que debe abordarse con toda urgencia para evitar estas situaciones. Cuando se resuelva la financiación de los ayuntamientos estos problemas desaparecerán al cien por cien.

-¿Le gusta vivir en Málaga?

-Se ha alcanzado un nivel de desarrollo interesante y la calidad de vida es buena, pero se nos va complicando. Los servicios se están masificando y el tráfico es uno de los mayores problemas. Yo para llegar aquí [el TSJA tiene su sede en Málaga en la céntrica calle Tomás Heredia] tengo que levantarme cada día a las seis y cuarto para poder aparcar en la zona.