La contabilidad secreta que Juan Antonio Roca llevaba en las oficinas de Maras Asesores recogen dos anotaciones relacionadas con el promotor Tomás Olivo: la primera es de julio de 2005 y alude a un pago de 1,8 millones de euros. La segunda tiene fecha de noviembre de 2005 y la cantidad anotada asciende a 600.512 euros. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la primera es un soborno del empresario a Juan Antonio Roca por orquestar, a través de empresarios de su confianza, la compra de un edificio en Puerto Banús, que había sido propiedad del Ayuntamiento, previa permuta por otros locales. El municipio, según el fiscal, perdió en esta operación 2,7 millones de euros.

Los otros 600.000 euros, según el Ministerio Público, son sobornos pagados a Roca para conseguir que la alcaldesa archivara el expediente de disciplina urbanística abierto por el Ayuntamiento a instancias de la Junta de Andalucía y permitiera que siguieran adelante las obras de ampliación del centro comercial La Cañada sobre suelo urbanizable no programado, parte del cual ha sido calificado en el actual PGOU de Marbella como terreno reservado para equipamientos municipales. El promotor, sin embargo, negó con rotundidad esta interpretación de los hechos. Según dijo ante el tribunal él compró el edificio de Puerto Banús a los empresarios y coacusados en el caso Malaya Andrés Liétor y Carlos Sánchez sin saber cuál había sido la historia anterior del inmueble. Les pagó 2,5 millones en cheques, 3,6 mediante aval bancario y 1,8 millones en efectivo. Supuestamente el dinero en metálico fue utilizado por Sánchez y Liétor para saldar una deuda que tenían con Roca y su administrador fiduciario, por error, anotó que se trataba de un pago de Olivo.

Sí reconoció los 600.512 euros tal y como figura en los papeles de Maras Asesores pero explicó que fue porque el exasesor de urbanismo de Marbella actuó como corredor en la venta de unos suelos que tenía en Córdoba. El relato que hizo de este negocio es explicativo del perfil de esta generación empresarial y de cómo se hacían los negocios en la era del ladrillo: Olivo tenía tratos con el coacusado José María Enríquez para venderle los suelos en Córdoba, pero la operación no arrancaba porque le hizo un feo. Habían concertado un almuerzo de negocios en Córdoba y en la mitad de la comida Enríquez recordó que debía ir al aeropuerto a recoger a su mujer, abandonando el restaurante sin abonar la factura que tuvo que pagar el dueño de La Cañada. Aquello le sentó mal. Tanto que el negocio casi se fue a pique, fracaso que pudo detener Roca actuando como mediador.

Por esa labor el exasesor de urbanismo de Marbella le pidió una comisión legal por su mediación en el trato de "entre el 4 y 5%" del importe de la venta, según dijo, y esos son los 600.512 euros que aparecen en Maras. No obstante, este dinero no llegó a pagárselo, sino que lo compensó con parte de una deuda por unos terrenos que había vendido en Murcia a Roca y por los que le debía 148 millones de pesetas. El dueño de La Cañada recalcó que el exasesor de urbanismo todavía tiene pendiente de pago 48 millones de pesetas. La declaración de Olivo, que se enfrenta a cinco años de cárcel acusado de cohecho, continua en la sesión de hoy del caso Malaya.