Un empresario del sector de las nuevas tecnologías que hace más de una década trabajaba para una compañía especializada en software contable recuerda que llegó a instalar un centenar de aplicaciones en otras tantas empresas. "Todas menos una me pidieron prestaciones para poder gestionar la caja B, la del dinero negro. La excepción fue el Consulado de Grecia". La anécdota es ilustrativa a escala de un informe realizado por el sindicato Gestha, donde se agrupan los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, que pone de manifiesto que en la provincia de Málaga el dinero procedente de actividades empresariales fuera de la legalidad se eleva a 5.478 millones de euros.

Este montante se aproxima al 23% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia y representa más del 18% del total de Andalucía. Si todo este capital no hubiera circulado por los caminos de la economía negra, Hacienda hubiera podido recaudar en concepto de impuestos cerca de 1.300 millones de euros. O dicho de otra manera, si estos empresarios hubieran operado dentro de la legalidad, sus impuestos hubieran permitido construir tres líneas de metro idénticas a las de las dos primeras proyectadas en la ciudad o construir 76 kilómetros de líneas de alta velocidad.

Los técnicos de Hacienda han llegado a esta conclusión tras extrapolar los datos sobre economía informal que manejan entidades como el Instituto de Estudios Fiscales, el Banco de España, el Consejo Económico Social, el Banco Mundial o la Unión Europea.

En total en Andalucía la economía sumergida supera los 29.000 millones de euros, cantidad que en el conjunto del país se eleva hasta los 208.000 millones.

Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda estiman que si se pusiera en marcha un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos el volumen de la economía sumergida que, así, alcanzaría parámetros similares a los del resto de la Europa de los 15.

De esta forma, aflorarían 90.000 millones que permitirían recaudar 21.000 millones de euros en impuestos.

Gran parte de la actividad económica oculta a los ojos de Hacienda se localiza en el negocio inmobiliario. Según el informe elaborado por el sindicato Gestha, la evasión fiscal en este sector alcanza los 1.392 millones de euros.

El informe del sindicato pone el acento en cómo más del 75% de los arrendamientos de viviendas en Andalucía escapan al control del fisco. Según sus cálculos en la región hay 167.380 alquileres (el 17% del parque residencial total) y las rentas que los inquilinos pagan en negro ascienden a 278 millones de euros al año.

Asimismo, también denuncian que el 96,7% de las pymes andaluzas escapan al plan de lucha contra el fraude, porque al facturar menos de 4,7 millones de euros, tener menos de cincuenta trabajadores o activos inferiores a los 2,3 millones de euros no tienen la obligación de ser auditadas.

Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda reclaman un plan de lucha contra el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales que, entre otros aspectos, incluya la habilitación de este personal para poder llevarlo a cabo. Además proponen crear un registro de contratos de compraventa de inmuebles que incluya la transmisión de viviendas no terminadas.