La inmensa mayoría de los propietarios de edificios con entre 50 y 75 años de antigüedad de la ciudad de Málaga ha cumplido con su obligación de someter el inmueble a una inspección técnica por parte de la Gerencia de Urbanismo. Los datos aportados por el Ayuntamiento elevan a un 70% el número de afectados que, de inicio, ha cubierto el examen de las instalaciones, si bien se ha de esperar aún a conocer en qué casos el análisis realizado es favorable o no. Este porcentaje es valorado por los responsables municipales, más aún si se tiene en cuenta que la de 2011 (cuyo plazo culminó el pasado 31 de diciembre) es la primera de las grandes oleadas de la ITE, por cuanto incide sobre algo más de 7.200 construcciones, tres veces más de lo que supusieron las acciones llevadas a cabo en 2008 y 2009 con los bloques protegidos, de más de cien años y con entre 75 y un siglo de ejecución.

"Los malagueños han hecho un esfuerzo importante; el nivel de cumplimiento ha sido muy importante y la comparativa con otros ciudades es elevada", expone el jefe del departamento de Arquitectura, Javier Pérez de la Fuente, que subraya cómo este elevado nivel de cumplimiento puede estar debido, entre otros motivos, a la labor desarrollada "puerta a puerta" por los profesionales encargados de realizar las mencionadas inspecciones, que pueden ser arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores, y la clara reducción en sus tarifas. "Se han estado tarifando ITE por 150 euros, cuando en 2008 podían ser, las que menos, unos 450 euros", expuso.

Las cifras recabadas hasta el momento por el organismo municipal elevan a 7.202 los inmuebles que tendrían que haber pasado el examen antes de final de 2011. Sin embargo, de ellos sólo han cubierto este primer paso 4.200, a los que, según Antonio Román, uno de los técnicos directamente vinculado a la ITE municipal, hay que añadir 1.125 bloques cuyos propietarios han alegado "porque o son edificios rehabilitados integralmente o ya no existen físicamente". "Es decir, que el número de inmuebles controlados estaría en unos 5.300, aproximadamente, lo que supone más del 70%", dijo Pérez de la Fuente, que insistió en que el dato está muy por encima de lo previsto inicialmente.

Mientras la cara amable de la moneda la representan siete de cada diez inmuebles, la cruz son los alrededor de 1.880 edificios que incumplen con la ordenanza vigente desde el año 2006 y cuyos propietarios, norma en mano, pueden enfrentarse a expedientes sancionadores. Las multas fijadas oscilan entre una mínima de 600 euros y una máxima de 60.000 euros. No obstante, la acción penalizadora por parte del Consistorio no será inmediata. La posición de partida de la Gerencia de Urbanismo, como viene ocurriendo desde el impulso de la ITE, pasa por flexibilizar los mecanismos para que los incumplidores subsanen la no presentación del informe. Por ello, abre la puerta a que durante los próximos meses los propietarios realicen los trámites necesarios y lleven a cabo los exámenes para evitar una sanción económica.

"La intención del departamento no es iniciar una campaña sancionadora", apostilla Pérez de la Fuente, que insistió en que lo que se busca es que los propietarios cumplan con el deber de conservación. El problema es que esta actitud flexible no se ha traducido, según admiten los técnicos, en un cambio de actitud por parte de los propietarios que no cubrieron el trámite en 2008 y 2009, ya que los documentos entregados tras ser apercibidos son escasos. Una peculiaridad es que los ciudadanos esperan hasta el último momento para entregar los documentos, como muestra que en la última quincena de diciembre se registrasen 2.480 expedientes.

Pero si la de 2011 puede considerarse como una oleada en el proceso, la convocatoria de 2013 es calificada como tsunami. El próximo año, según el calendario, la cifra de edificaciones que estará bajo la lupa se eleva a 17.000, afectando a más de 100.000 propietarios, lo que hace prever una compleja labor logística por parte de Urbanismo. Estas construcciones fueron ejecutados entre 1957 y 1981.