Los empleados del Registro Civil se unen "para salvar el servicio público"

Unas 50 personas se concentraron ayer a las puertas de la Ciudad de la Justicia para protestar contra los planes del Gobierno en relación con los registros civiles, unos servicios que en el mes de julio serán encomendados a los registros mercantiles y de la propiedad. Los más 20 trabajadores públicos del Registro Civil de la capital llevan tiempo alarmados ante la entrada en vigor la Ley 18/2014 de 15 de octubre, por lo que consideran una "privatización" del registro por parte del Ejecutivo de Rajoy. Comisiones Obreras (CCOO) estima que sólo en la provincia supondría el cierre de 21 oficinas. Y la preocupación recae no sólo en el empleo, pues las "gestiones que hasta ahora son gratuitas, empezarán a tener un coste de 100 euros de media", concretaron ayer miembros del sindicato durante la concentración.

Todos los trámites que se realizan en el Registro Civil, como partida de nacimiento, certificado de defunción, de matrimonio, adopción, divorcios o tutelas, entre otros tantos, "pasarán a manos de los registradores mercantiles y notarios, es decir a manos de la iniciativa privada", explicaron. Por lo que, según sus estimaciones, serían 21 los centros que desaparecerían, ya que los 10 Juzgados de Primera Instancia y los 11 Juzgados de Paz que asumen este tipo gestiones dejarán de hacerlo a partir del próximo mes de julio.

En la media hora que duró la concentración, en la que estuvieron los 24 trabajadores del Registro Civil de la capital, el sindicato recogió firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve contra la medida. Para que llegue a debatirse necesitan llegar a los 500.000 apoyos.

La concentración de ayer forma parte del paquete de medidas que el sindicato promueve desde que se empezó a avanzar en la modificación de los registros civiles en el año 2011. El conjunto de los trabajadores del servicio han convocado una manifestación para el 11 de abril en Madrid.

El ministro de Justicia, Jesús Catalá, ha negado en varias ocasiones que el paso de los trámites del Registro Civil a los mercantiles y de la propiedad vaya a suponer una privatización del servicio, ya que las gestiones seguirán siendo públicas y gratuitas, además de telemáticas; al mismo tiempo que ha insistido en que no se va a perder ningún puesto de trabajo.

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