La mejoría económica y las fuertes sanciones que pueden recibir los empresarios que tengan a empleados de forma irregular están permitiendo reducir el peso de la economía sumergida en la provincia de Málaga. La Inspección de Trabajo realizó en el primer semestre de este año un total de 3.405 actuaciones, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado, y destapó 1.359 trabajadores irregulares, curiosamente el mismo número que en el primer semestre de 2016. Ha sido, según indican fuentes de la Inspección, "pura casualidad" y lo importante es que se ha mantenido el volumen pese a realizar más inspecciones. Las actuaciones de este organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han permitido recuperar para las arcas públicas un total de 14,5 millones de euros entre enero y junio, un 9,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

El sector servicios se lleva la palma en inspecciones y en empleos irregulares aflorados, algo lógico si se tiene en cuenta que representa en torno al 80% del Producto Interior Bruto malagueño. La hostelería es el sector con mayores problemas. En los seis primeros meses del año los inspectores han hecho 980 actuaciones y han detectado 535 empleados en economía sumergida. En el resto de firmas relacionadas con el sector servicios se han hecho 1.555 investigaciones y se han aflorado 594 empleos. La construcción es la tercera rama con mayor fraude, pues se cazaron 138 empleos irregulares tras la realización de 454 inspecciones. En la industria fueron 58 los empleos sumergidos descubiertos y en la agricultura 40.

Uno de los aspectos que suelen despertar un mayor enfado en la sociedad es la existencia de personas que defraudan a la Seguridad Social recibiendo prestaciones por desempleo, bajas médicas o invalidez permanente que no les corresponden, de forma que están perjudicando al resto de los ciudadanos. El número de individuos que han sido cazados, por ejemplo, trabajando y cobrando el paro o algún tipo de subvención ha disminuido un 28% en el último año hasta contabilizar un total de 187 personas. No obstante, las inspecciones de fraude en las prestaciones de la Seguridad Social también se han reducido un 22% hasta las 373. Fuentes de la Inspección indican a este diario que ese descenso se debe "por un lado a la disminución de las actuaciones por los recursos humanos disponibles, por la disminución del desempleo que supone menos beneficiarios que puedan infringir la normativa, y por el efecto de disuasión de la sanciones al haberse elevado considerablemente en los últimos años". "Además debemos buscar más eficacia en las inspecciones con visitas en fines de semana, nocturnas, en sectores con bolsas de fraude, etcétera", añaden. En el caso de fraudes en las altas a la Seguridad Social, la Inspección hizo hasta junio 6.701 inspecciones, un 10% más que en los seis primeros meses de 2016, y localizaron 453 infracciones. El mayor número se detectó en la hostelería (195), seguida del resto de servicios (135), la construcción (88), la industria (21) y la agricultura y pesca (14).

La multa por no dar de alta a un empleado en la Seguridad Social es de 3.126 euros y de 10.000 euros por cada trabajador que esté cobrando el desempleo, incrementándose un 20% si hay dos empleados, un 30% si son tres y hasta un 50% si hay cinco. Cada vez menos empresarios deciden correr riesgos porque la factura por tener empleados de forma irregular puede salirles muy cara.

Otro dato llamativo es la práctica desaparición de empresas ficticias, que durante los años de crisis estuvieron en boga. Son aquellas que se crean pero que no tienen actividad. Sin embargo, les cobran a personas para hacerlos pasar por supuestos empleados y los dan de alta en la Seguridad Social, de forma que pudieran cobrar el paro cuando los despidieran. En el primer semestre de 2016 hicieron 198 inspecciones y detectaron a 90. En el primer semestre de este año han hecho 89 inspecciones y han localizado a cuatro, un 95% menos. "Las empresas ficticias puras prácticamente han desaparecido y, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se han iniciado acciones penales contra los responsables de las empresas, lo que determina una bajada de ese fenómeno", indican desde la Inspección, donde explican que "ahora nos centramos más en las empresa reales con actividad, pero con trabajadores ficticios, que están de alta en las mismas pero no realizan actividad laboral, solo con la finalidad de adquirir prestaciones". Tratan de detectarlas a través de una plataforma informática de lucha contra el fraude "pero son más difíciles y requiere tiempo".