El empresario Enrique Ventero se ha ratificado hoy ante el juez en su primera declaración por el "Caso Malaya" y ha negado haber realizado pagos al ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y haber recibido trato de favor por parte de éste o de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.

El promotor ha prestado hoy declaración indagatoria por la citada causa ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, ante quien también han comparecido la esposa de Roca, María Rosa Jimeno, y los empresarios Gonzalo Fernández Castaño y Fidel San Román.

Ventero ha descartado haber llevado a cabo "pago alguno" al ex asesor urbanístico y ha asegurado que los únicos desembolsos económicos realizados por su empresa venían regulados por el convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento marbellí, según han señalado a Efe fuentes de las defensas de algunos de los procesados.

En este sentido, el imputado ha afirmado que no recibió trato de favor ni por parte de Roca ni por la ex regidora Marisol Yagüe en relación con los expedientes urbanísticos que afectaban a su empresa y ha destacado que dichos expedientes estaban en conocimiento de la Junta de Andalucía.

El juez del "Caso Malaya" imputa a Ventero un presunto delito de cohecho y mantiene que habría pagado a Roca un total de 600.000 euros por la aprobación del plan parcial "El Pinar II", el proyecto de urbanización y la concesión posterior de las correspondientes licencias.

Por su parte, María Rosa Jimeno se ha ratificado en su primera declaración durante su comparecencia indagatoria y posteriormente se ha acogido a su derecho de no responder a las preguntas de los abogados, decisión adoptada también por el empresario Fidel San Román, según han apuntado a Efe fuentes de la defensa de Roca.

El promotor se ha remitido a su segunda declaración, en la que reconoció haber realizado pagos a Roca para "poder construir más viviendas de las que aparecían fijadas" en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, aunque entonces no precisó la cuantía de los mismos.

Según el instructor de la causa contra la supuesta trama de corrupción municipal, San Román habría pagado más de 5 millones de euros al ex asesor urbanístico por el convenio y la posterior licencia de los aprovechamientos en el sector llamado Huerta de los Casimiros, así como por la aprobación del proyecto de ejecución de los edificios de la Atalaya de Río verde.

El empresario Gonzalo Fernández Castaño, procesado por los supuestos delito de cohecho y blanqueo de capitales, ha negado ante el juez conocer a Roca, así como que el ex asesor urbanístico le hubiera solicitado dinero.