El empresario Ismael Pérez Peña, considerado un amigo del fallecido Jesús Gil, logró en 1992 que el Ayuntamiento le contratara el suministro de coches para el parque móvil municipal. Cuando fue detenido por el caso Malaya, en marzo de 2006, la deuda procedente del leasing de 120 automóviles sumaba 240 millones de pesetas (1,44 millones de euros). Este procesado ha reconocido desde el primer minuto que en enero de 2005 regaló a la ex alcaldesa Marisol Yagüe varios coches que habitualmente utilizaban sus hijas y su novio. Lo que siempre ha negado es que de esta forma pretendiera una adjudicación a medida y fuera de la legalidad del servicio municipal de la grúa. Sólo quería recuperar su dinero, así al menos lo sostuvo ayer su defensa, el letrado Pablo Jiménez de Parga.

El 5 de mayo de 2005 Yagüe firmó un decreto de Alcaldía en el que otorgaba la explotación de la grúa, pero, según su defensa, esta adjudicación se coció a sus espaldas. El letrado aseguró que ese mismo día Roca "avisó a la secretaria para que elaborara una renuncia a la concesión, le echara un garabato y la presentara en el Registro Municipal".

En las navidades de 2005 Pérez Peña "estalló" "y empezó a presionar porque no podía ser que no le pagaran". Y desde el Ayuntamiento "se le intentó parar otra vez con el tema de la grúa" y con promesas de que se iba a aumentar la tarifa, de acuerdo con la versión de su defensa. Para el abogado, la sucesión de hechos ha sido cuadrada "a capón" para sea coherente la acusación de que se trató de amañar la concesión del servicio de grúa.

Y si lo que Pérez Peña pretendía era cobrar una deuda, ¿por qué no acudió a los tribunales? Esta misma pregunta se la hizo también el instructor del caso Malaya, el magistrado Miguel Ángel Torres. Y a Ismael Pérez Peña le gustaría ahora volver a hablar con el juez para "decirle que ha ido a los tribunales y tres años después aún no ha logrado recuperar el dinero", argumentó el letrado. Jiménez de Parga indicó que el empresario reclamó a la gestora que dirigió Marbella al precipitarse las detenciones del caso Malaya la resolución del contrato de leasing del parque móvil. "Se rechazó su petición porque la concesión estaba sujeta a la Ley de Contratos Públicos". Volvió a instar el fin del contrato de acuerdo a esta normativa "y también se negó porque, se dijo entonces, estaba sometido al Derecho Privado". Además, la gestora observó elementos de nulidad en la concesión y elevó la cuestión al Consejo Consultivo. Este órgano le dio la razón a la Gestora pero indicó que se debía pagar la deuda y devolver los coches.

Sin embargo, "la gestora no le devolvió los vehículos. Dijo que se podía afectar a un servicio público. Así que los coches se requisaron y se usaron un año más sin pagar". Después en vía contencioso administrativa, Pérez Peña recuperó los automóviles, pero no el dinero por prestar el servicio de leasing. La deuda se eleva ahora a tres millones.

La actual alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), tampoco ha saldado los pagos atrasados bajo el argumento de que existe una "cuestión de prejudicialidad penal", o sea, precisamente porque Pérez Peña y el asunto de los coches y la grúa forma parte del caso Malaya. En la sesión de ayer también se expuso el recurso del comisario de Policía Florencio San Agapito, acusado de blanqueo en el proyecto Crucero de Banús, una operación urbanística en la que también participaron Juan Antonio Roca, el ex concejal Pedro Román y el abogado Juan Hoffman.

Según su defensa, el papel de San Agapito en este negocio se circunscribe a la de mero inversor personal, puesto que entregó un dinero "a su amigo de la infancia", Pedro Román, para que emprendiera el proyecto, desconociendo cualquier otra cuestión.