El empresario Fidel San Román, acusado en el caso 'Malaya', ha admitido pagos al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, de tres millones en total para desbloquear la obtención de licencias de primera ocupación de más de 800 viviendas y ha dicho que sus empresas no han tenido asesoramiento de nadie que no fuera de su equipo, contradiciendo así al principal acusado, que dijo que éste le pagó por asesorar en un convenio.

San Román, que ya reconoció pagos en la instrucción, ha declarado este lunes en una nueva sesión del juicio y ha explicado que el problema en estas obras vino cuando, tras tener parte construida y vendida, "llega el Ayuntamiento y le dice a mi gerente que hace falta dar dinero, sino eso no andaba", ha señalado, detallando cómo se hicieron siete pagos distintos hasta llegar a los tres millones, pero, eso sí, todos en 2005, desde febrero a diciembre.

La Fiscalía Anticorrupción le acusa de pagar cuatro millones de euros a Roca por dos proyectos distintos, el primero, el de las más de 800 viviendas de la promoción Dama de Noche, aunque entiende que habría abonado también por el proyecto básico en 2002 y el de ejecución, extremo que rechaza el procesado. En lo que respecta a la operación en la zona conocida como Huerta los Casimiros, el ministerio público sostiene que abonó algo más de 913.000 euros por un convenio.

El acusado ha dicho que no pagó por otro concepto y ha insistido en que con el dinero dado pagaba, "según me decía mi gerente, desbloquear el tema porque no podía entregar las viviendas que tenía vendidas, que eran 50 o 60, porque no tenía la primera ocupación, que vale para muy poco, pero sí para contratar la luz y el agua". "Si me exigen dar un dinero, tenía dos soluciones, o ver qué me hacen esos 60 señores o doy un dinero y las entrego legalmente", ha afirmado.

Ha aludido a que estuvieron "cuatro o cinco años trabajando, construyendo", que le dieron la licencia "a tira de cuerda" y que se hizo la obra "y nadie jamás dice hay que parar". "Y cuando tengo que entregar las viviendas, se presenta un señor de un ayuntamiento y te dice o hay dinero o no hay licencia. Dígame qué hago yo. Dejar a 60 señores que tienen sus derechos y sus obligaciones, como yo a que me den la primera ocupación", ha reiterado.

"Que no me hubiesen dado la licencia, en cinco años se puede parar, pero no me dejen al final donde o me cuelgo de la soga o tengo que acceder a pagar dinero. Y eso es lo que ha ocurrido señoría", ha aseverado San Román, quien ha negado otros pagos fuera del año 2005 y en otros conceptos distintos hasta llegar a los cuatro millones de euros que recogen los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca.

Ha explicado que los pagos se hacen "en dinero físico, dinero blanco sacado de las cuentas de la empresa" y se van entregando "normalmente al señor Roca" las cantidades "cuando nos lo van exigiendo". Ha puntualizado que él no realizó todas las entregas, pero las que hizo fueron en el despacho del principal acusado y una en Madrid. Ha dicho que no puede saber para quién era el dinero y que Roca "decía que era para el Ayuntamiento".

"Eso me pregunto yo, ¿por qué tenía que pagar?", ha contestado al fiscal Anticorrupción cuando le ha preguntado por qué lo abonó, apuntando que "de ese dinero no hay ningún recibo". Ha manifestado que todas las viviendas están legalizadas desde 2010 y que las construcciones eran según la revisión de 1998 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), porque "con el del 86 en Marbella no se hacía nada", ha respondido.

San Román ha explicado que no se le ocurrió ir a ver a la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, para ver la razón de esos pagos, porque su gerente era "una persona de confianza, llevaba muchos años y si dice que para desatrancar esto hay dos soluciones o pagas o no hay papeles, es así". Asimismo, el acusado ha asegurado que jamás hizo pagos en especie a Roca y que nunca ha tenido socios en ninguna de sus empresas. SOCIEDADES DE ROCA

Ha dicho que no sabía que la sociedad a la que compró los terrenos era de Roca, "creo que no lo sabía ni la Policía", precisando que la compra se firmó en el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta, cuyos socios están acusados. Además, ha negado que supiera que el principal acusado estaba detrás de las empresas a las que adquirió suelos en otras zonas de Marbella para operaciones urbanísticas. Al empresario se le acusa también de un delito de blanqueo.

Respecto a uno de estos negocios, en la zona conocida como Huerta los Casimiros, ha explicado cómo se desarrolló y cómo compró parte de los aprovechamientos urbanísticos, pagando en total 4,1 millones de euros "y ahora no tengo nada, es zona verde", apuntando que todo estaba condicionado al PGOU. San Román no ha querido contestar a las defensas de los otros procesados, por estar "muy cansado", cuyos letrados sí han expuesto las preguntas.

Entre estas cuestiones, la abogada del principal acusado ha hecho constar una sobre "si tiene claro que resulta más barato económicamente y también a efectos de prisión reconocer un cohecho inexistente que negocios en común con el señor Roca". También ha querido preguntar a qué responden pagos que se produjeron "varios meses antes de haber solicitado licencias de primera ocupación" y si "no es más cierto que los pagos fueron por asesoramiento".