Las entidades públicas deben más de 500 millones a las empresas malagueñas

  • Empresarios y abogados crean un plan de actuación para ayudar a los adeudados a hacer frente a esta situación

Las entidades públicas deben más de 500 millones de euros a las empresas de la provincia malagueña. En el caso concreto de los ayuntamientos, son los de la Costa del Sol Occidental los que registran el mayor índice de morosidad, según ha informado este lunes el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara.

En este sentido, ha incidido en la importancia de que las administraciones públicas --a nivel local, provincial, autonómico y central-- paguen en tiempo y forma a las pequeñas y medianas empresas y autónomos.

"En el actual contexto socioeconómico en el que las dificultades para el acceso a la financiación son manifiestas, las gestiones de cobro adquieren una importancia trascendental", ha asegurado el responsable de la patronal malagueña, quien ha apuntado que de las más de 10.000 pymes desaparecidas en los dos últimos años, un tercio lo han hecho como consecuencia de la morosidad pública.

Ha asegurado, al respecto, que si las empresas malagueñas que trabajan con las administraciones públicas, y que en la provincia oscilarían entre las 10.000 y las 15.000, "cobrasen en 24 horas el dinero que se les adeuda, el Producto Interior Bruto (PIB) provincial podría crecer de un punto a un 1,5 de manera automática".

Como ha recordado González de Lara, las administraciones públicas por ley deben pagar las deudas a los proveedores en un máximo de 40 días, periodo que se reducirá a 30 desde comienzos del próximo año 2013. Sin embargo, ha precisado que estos plazos no se están cumpliendo, a pesar de que estén obligadas por ley.

Al respecto, y tras ser cuestionado por la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los ayuntamientos paguen a sus proveedores propuesta por el Ejecutivo central, el presidente de la CEM ha indicado que esta medida presenta varios aspectos positivos: agilización en la reclamación de deudas pendientes, "probable afloramiento de facturas que pudieran seguir ocultas" y evitar que "esta práctica perniciosa se vuelva a producir en el futuro".

"Todo lo que sea reducir el impacto negativo de la morosidad a través de esta fórmula es adecuado", ha dicho, al tiempo que ha opinado que el ICO debería tener exclusivamente para tratar estos problemas de morosidad "unos capítulos muy importantes", ya que a nivel de pymes en España se adeudan más de 35.000 millones de euros. "Ojalá se convierta en una herramienta útil", ha añadido.

Protocolo

Ante tal situación, la CEM y el despacho Gómez Acebo & Pombo Abogados han presentado el 'Protocolo de gestión de la morosidad de las administraciones públicas', que incluye las principales líneas de acción existentes a disposición de las empresas para reclamar los pagos en tiempo y forma, así como una serie de reflexiones acerca de la manera de llevar a cabo estas iniciativas.

Este plan de actuación abarca un conjunto de actuaciones jurídicas --administrativas y procesales-- a realizar antes, durante y después de la vía judicial para clientes acreedores de las administraciones públicas, según han explicado José Luis Palma, socio director de Gómez-Acebo & Pombo, y Alejandro Hernández del Castillo, socio del despacho y abogado del Estado en excedencia.

Por su parte, Hernández del Castillo ha indicado que, aunque "se están dando avances" en esta materia, ya que se acortaron los plazos de pago o, incluso, está previsto en la ley jurisdiccional como medida cautelar antes de una sentencia firme que se obligue a una administración a pagar, hay que seguir incidiendo.

Y es que, por ejemplo, si pese a esas resoluciones judiciales firmes que hay que acatar, el empresario no obtiene ese resultado positivo, no cobra el crédito, puede que se vea obligado a cerrar, ha explicado, subrayando, en este sentido, que en Andalucía cada día se destruyen 264 empresas, lo que indica que, desde que comenzó la crisis, han cerrado más de 40.000.

Por todo ello, el responsable de los empresarios malagueños ha incidido en que "se hace perentorio" crear un estatuto del proveedor, registros únicos de facturas, fundamentalmente en los ayuntamientos; así como activar la llamada cuenta de compensación fiscal, de manera que "pudieran compensarse, con carácter general, las deudas pendientes de las que son acreedoras nuestras empresas con las obligaciones tributarias existentes en este momento".

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