"El expediente de contratación de Del Nido fue una cena en Puerto Banús"

  • El fiscal Anticorrupción expone su informe final en el que recalca la "enorme responsabilidad" del abogado en los hechos

Duras acusaciones vertió ayer el fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez Villarejo, a la labor desarrollada por el presidente del Sevilla CF, José María del Nido, durante los años en los que ejerció como asesor jurídico en el Ayuntamiento de Marbella. Su contratación fue "el punto de inflexión" de este procedimiento que trata las presuntas irregularidades de los encargos realizados por el Consistorio al abogado. Tal es así que Villarejo aseguró ayer durante su informe final en el juicio del caso Minutas que el expediente de contratación de Del Nido fue "una cena en puerto Banús" con el fallecido alcalde marbellí Jesús Gil.

Villarejo aseguró que con la llegada del abogado sevillano al Consistorio se produjo una situación "insólita" que "demuestra una confusión entre lo privado y lo público que es uno de los factores de surgimiento y de desarrollo de la corrupción". "Este caso no es ni más que menos que un proceso sobre corrupción puro y duro", matizó. Con la actuación de Del Nido al frente de la asesoría jurídica del Consistorio marbellí "no se reforzó el principio de legalidad sino que se eludía a favor de su cliente principal, que era el alcalde". Todo ello tenía "su recompensa", que según explicó el fiscal Anticorrupción, consistía en "amplios y desorbitados poderes y facultades, además del cobro de minutas infladas, muchas de las cuales no corresponden a la realidad". Tales eran estos poderes que Del Nido "colocó a los suyos, no solo a sus personas de confianza, sino incluso a su propia mujer".

El presidente del Sevilla CF "no era un mero asesor más" ni un letrado con un despacho abierto al público en Sevilla y que además atendía asuntos del Ayuntamiento de Marbella. Era ni más ni menos que "el asesor jurídico interno que ejercía desde el núcleo de decisión del Ayuntamiento, el Club Financiero, una sede privada instalada en un anexo de la casa de Jesús Gil", según reiteró en diversas ocasiones Villarejo.

Durante casi el año que ha durado el juicio por el caso Minutas los 16 acusados trataron de responsabilizar de la contratación y de la gestión de Del Nido a Jesús Gil. "Todo el mundo al final de echa la culpa al muerto, era Gil el que mandaba, era Gil el que decía que había que pagar, lo que no es una justificación que sirva al menos en el ámbito penal. Las personas que firmaban, que formaban parte de los consejos de administración, que estaban dando apoyo a este sistema paralelo eran las personas que están sentadas en esta sala. Unas con mayor responsabilidad y otras con menos", concluyó el ministerio público. Asimismo, afirmó que durante la vista oral "ha quedado de manifiesto "la enorme responsabilidad del señor Del Nido en los hechos enjuiciados. El pasado 18 de marzo el ministerio fiscal elevó de 13 años y medio a 30 años la petición de prisión para Del Nido, que está acusado de cobrar entre 1999 y 2003 más de 6,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella en concepto de honorarios. El fiscal le acusa de los delitos de prevaricación administrativa, malversación, delito societario, falsedad documental, deslealtad profesional, fraude y tráfico de influencias.

Durante su informe final, Villarejo indicó que la relación entre Gil y Del Nido fue "de tú a tú". "No cuestiono su profesionalidad, pero no se ha visto ni un currículum ni se ha acreditado la valía del señor Del Nido, tan solo su disponibilidad y su confianza", afirmó. Así, explicó que existen unos principios para la contratación pública en los que "no basta la confianza para elegir al letrado que se considere oportuno". "Se prescindió deliberadamente de estos principios", añadió.

Asimismo, señaló que las consecuencias de todo esto fueron "nefastas para el Consistorio que fue descapitalizado". Añadió que el marco en el que surgieron todas estas regularidades es "muy peculiar". "No es un Ayuntamiento normal, sino el único disuelto en democracia por corrupción, y eso es un dato no solo relevante, sino definitivo", alegó el fiscal Anticorrupción. "No hubo ningún marco contractual que permitiera a un letrado emitir de manera ilimitada y descontrolada minutas con un concepto genérico y sin ningún presupuesto previo", añadió.

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