La familia del alcalde pide a Urbanismo cinco veces lo que le ofrece por una expropiación

  • Los dueños exigen en los tribunales al menos 100.000 euros; el Consistorio lo valora en 19.436

El listado de contenciosos entre la familia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la Gerencia de Urbanismo, organismo municipal que él mismo preside, sigue creciendo. Tras reclamar una compensación económica por la expropiación de una finca del centro histórico, incluida en el bautizado como plan de las tecnocasas, ahora hace lo propio por la ocupación en el año 2002 de parte de la finca Chafarinas (también conocida como Dehesa del Garabato), en las proximidades de la desembocadura del río Guadalhorce. La reclamación que hacen los herederos de la madre del regidor, Victoria de la Torre Gómez, es cinco veces superior a la cuantía en la que Urbanismo tasa el valor de los mencionados suelos.

En números redondos, frente a los 19.436,97 euros (11.973 de valor, más 7.463,89 euros de intereses acumulados) aprobados por el organismo municipal en consejo de administración celebrado el pasado 10 de diciembre, los familiares de De la Torre reclaman en la vía judicial una compensación de al menos 100.000 euros. Cifra que, según explicó a este periódico el representante legal, Luis Portero (sobrino del regidor), podría ser mayor si en lugar de tomarse en consideración las cifras de valoración de 2001 se toman las de 2008. Otro aspecto motivo de controversia es la superficie de la parcela, puesto que si los documentos municipales hablan de 405,59 metros cuadrados de suelo, las mediciones topográficas de los herederos calculan algo más de 600 metros.

"Lo que hizo el Ayuntamiento fue una ocupación por la vía de hecho, sin que notificase nada a los propietarios, a los que se dejó fuera de juego", explicó Portero, quien subraya que más allá del valor de la enajenación lo que los afectados piden en el contencioso-administrativo es "una indemnización ante una situación de indefensión". "Hemos reclamado ante la inactividad de la Administración local", agrega.

Portero incide en el hecho de que la propiedad, que se reparte al 50% entre la familia del alcalde y la familia Díaz Gutiérrez, reclamó de manera continuada a Urbanismo que se formalizase la mencionada compensación económica. "Enviamos hasta tres escritos y no nos contestaron a ninguno", señala. El primero de ellos, según recuerda, en 2008; el segundo, en 2010, y el último en 2011. Incluso, apostilla, en esos documentos se le planteaba a la Gerencia de Urbanismo la posibilidad de fijar otras vías de compensación en caso de dificultades económicas por parte del ente.

Ante la ausencia de contestación, los herederos del regidor acabaron por acudir a la vía judicial en 2013. En esta hoja de ruta, tras el acuerdo adoptado por el consejo de Urbanismo de diciembre, el ente publicó ayer en su tablón de edictos un anuncio relativo al proyecto de expropiación de la pieza incidental por ocupación de la finca Chafarinas. Con ello, abre un plazo de información pública de 15 días en el que "los interesados pueden formular las reclamaciones que estimen pertinentes".

Respecto a este último movimiento municipal, Portero fue contundente, al hablar de "trampa" y de la existencia de un "abuso en toda regla" por parte de Urbanismo. "Se han puesto a correr en este tema cuando está a punto de dictarse sentencia; entiendo que ese proceder no es ajustado a derecho", añadió. "Lo normal es que se espere al dictado de una sentencia antes de seguir con el procedimiento administrativo; cuando se ha visto entre la espada y la pared es cuando el Ayuntamiento ha actuado de este modo", insistió el sobrino del alcalde. A su juicio, el Consistorio reconoce con estas actuaciones "la inactividad" con la que ha intervenido en este asunto.

No es la primera ocasión en la que se produce una reclamación semejante por parte de la familia del alcalde. El pasado mes de marzo trascendió que los herederos de Victoria Prados Gómez mantenían abierta una demanda judicial contra el Ayuntamiento ante la negativa de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), ahora llamada Avra, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, a abonar, el justiprecio acordado por la expropiación forzosa de una finca localizada en la calle Rosa Blanco, ascendente a 183.733 euros (a los que sumar intereses acumulados). La acción fue planteada en el año 2012.

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