La familia del inmigrante fallecido en la cárcel de Archidona, utilizada como centro de internamiento provisional, va a recurrir el archivo del caso abierto en relación con estos hechos por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de dicha localidad, decisión que consideran "precipitada". Así, creen "imprescindible" realizar una serie de diligencias. El juzgado adoptó este pasado jueves esta decisión tras analizar el atestado policial, las imágenes de las cámaras de seguridad y el avance de autopsia, elementos que descartan la participación de otras personas y llevan a determinar que la muerte, ocurrida el pasado 29 de diciembre, fue de naturaleza suicida.

La abogada que representa a la familia, Amanda Romero, ha mostrado la sorpresa ante la "premura y celeridad" en archivar esta causa por unos "hechos tan graves", cuando "ni siquiera las partes hemos tenido acceso a todas las actuaciones", porque se les dio traslado de la prueba documental pero no de los DVD con las imágenes de las cámaras de vídeovigilancia. Además, en declaraciones a Europa Press, Romero ha lamentado que se haya archivado el procedimiento "sin tener la oportunidad de poder proponer la práctica de más prueba" una vez visto todo lo que hay en la causa; y ha apuntado que el juzgado como tal "no ha realizado diligencia propia alguna, lo único que ha hecho es recibir la investigación policial".

Su abogada muestra "sorpresa" ante "la premura y celeridad" de la medida adoptada

Así, para la familia, personada como acusación particular, es "imprescindible" que se tome declaración a los agentes que hallaron el cuerpo y también a los que llevaron al migrante en la habitación aquel día y que fueron las últimas personas que lo vieron con vida; así como al equipo médico que le asistió; considerando que "no se puede archivar una causa sin el informe completo de autopsia". La abogada ha indicado que el primer objetivo es "aclarar todas las circunstancias que rodean a la muerte", aunque ha señalado que "si el resultado de todas las diligencias de investigación es que la causa fue el suicidio, eso no excluye la posibilidad de que pudiera haber una responsabilidad penal porque hablamos de una persona privada de libertad bajo custodia policial".

Así, se refirió a que la legislación señala que cuando, por motivos de seguridad, se toman medidas de separación de un interno en una habitación individualizada "esto nunca puede encubrir un castigo y obliga a informar sobre dicha medida al juez que acordó el internamiento para que acuerde si debe continuar o cesar".