Juan Guerra le puso nombre propio al nepotismo en la democracia. El sonado escándalo del hermanísimo se cobró la dimisión de Alfonso Guerra, un ninot en las fallas de Valencia y un cuplé que le levantó la chirigota de Juan Palomo en los carnavales de Cádiz de 1990. Por lo demás, 18 procedimientos judiciales y, finalmente, una condena leve por fraude fiscal. La entrada de la Wikipedia relativa a Juan Guerra concluye lamentándose porque los medios "jamás se disculparon por las múltiples acusaciones vertidas, ni Juan Guerra recibió indemnización alguna".

Aquel sonado episodio sobre las corruptelas en el entorno familiar del poder político dibuja con precisión el crujido de la farfolla en los asuntos familiares: mucho ruido, pocas consecuencias prácticas y el sentimiento generalizado de que no pasa nada.

El último capítulo en la política local se ha escrito en Marbella, donde una empresa de la que es socio el hermano de la concejal de Puertos, Alicia Jiménez, ha sido adjudicataria de tres locales en el puerto deportivo. Días antes saltó a la palestra que el hijo de la portavoz del PP en el Parlamento andaluz y alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, había logrado un puesto de diseñador gráfico en el Ayuntamiento de Torremolinos tras superar una prueba publicitada en el tablón de anuncios a la que sólo concurrieron siete personas, pese a estar dotada con un sueldo de 60.000 euros anuales en un sector azotado por la crisis económica y la caída del mercado publicitario.

Antes, el Ayuntamiento de Marbella contrató la compra de materiales de construcción a una empresa coparticipada por el concejal Antonio Espada y en diciembre del año pasado el concejal de Polígonos del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Marmolejo, se vio en la tesitura de dimitir tras reconocer que había adjudicado hasta 18 obras menores a la empresa de su cuñado por un montante próximo a los 300.000 euros. Marmolejo se excusó diciendo que desconocía ese detalle de la ley. Días después fue repescado como asesor del grupo popular en la Diputación de Málaga.

Y, mientras, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Rafael Fuentes, fue acusado de favorecer la formalización de cuatro contratos a su cuñada durante su etapa como gerente de la Sopde, sociedad dependiente de la Diputación.

La Diputación es, en realidad, la institución sobre la que planean más sospechas de enchufismo. Hay listados para todos los gustos y colores, de los que no se han librado ni el secretario del Partido Popular de Málaga, Francisco Salado, al que el PSOE le atribuyó facilitar la contratación de su esposa en el Patronato de Recaudación Provincial al mismo tiempo que negociaba un convenio entre este organismo y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, del que entonces era concejal de Hacienda.

En la orilla opuesta, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, Francisco Conejo, también se vio envuelto en otra tormenta porque, según el PP, su compañera sentimental tuvo acceso a las respuestas, que además eran erróneas, de unos exámenes de selección de personal en la Diputación, lo que motivó un expediente disciplinario y la anulación de las pruebas. La candidata, no obstante, logró posteriormente acceder a otra bolsa de empleo.

Una y otra parte han exhibido listados de nombres cuyos principales méritos y capacidades supuestamente residían en sus lazos políticos y familiares, al tiempo que los argumentos utilizados para defender la legitimidad y legalidad de las contrataciones siempre son calcos: aluden a personas capaces elegidas por tribunales objetivos que fueron objeto de la maldad del adversario. Ni dimisiones ni responsabilidades políticas, ante una opinión pública, históricamente acostumbrada al nepotismo, que observa como decía el cuplé de los Juan Palomo que "nada mejor que la familia unida que se quiere a rabiar. Aquí no pasa na. El tráfico de influencias es natural".

En realidad, la familia es un asunto delicado que en política que ha dado algunos dolores de cabeza graves: el ex concejal socialista Enrique Salvo fue condenado por intromisión ilegítima en el honor tras sostener que el alcalde de Málaga había favorecido una recalificación de suelo que supuestamente beneficiaba a su madre. Resultó que la finca era de otro propietario. Y Esperanza Oña también se pilló los dedos cuando afirmó en el Parlamento que hermanos de la consejera Evangelina Naranjo habían sido contratados en la Junta pero no había tales hermanos, sólo personas ajenas con el mismo apellido.

"La línea siempre aparece muy desdibujada cuando se trata de la familia. Aunque el afectado gane una plaza limpiamente siempre se pensará que no es así. Los últimos cambios legales favorecen la confusión y restan objetividad porque el peso de las pruebas selectivas recaen en una entrevista personal, algo que siempre será muy subjetivo", precisa el secretario del PP, Francisco Salado.

En cambio, para el secretario de los socialistas, Francisco Conejo, los cambios normativos han contribuido a arrojar luz en el escenario porque "los tribunales ya no están formados por políticos, sino por funcionarios de carrera. Además, el procedimiento de las bolsas de trabajo, como las que se han articulado en la Diputación también han puesto fin a las contrataciones directas".