La costa de Motril recibió el pasado 30 de enero una patera en la que viajaban una madre sudanesa de 23 años, su pareja, de 26 y su pequeño, un bebé de poco más de un año de vida. A los tres días fueron puestos a disposición judicial y se dictó orden de internamiento en el Centro de Extranjeros de Málaga (CIE), en Capuchinos. A pesar de que el centro carece de las condiciones adecuadas para la estancia de niños, según indicó Andalucía Acoge, la familia lleva ya unos diez días recluida. En este tiempo han solicitado asilo y se han realizado los trámites pertinentes "de manera quizás más ágil por la publicidad que se ha hecho del caso", asegura Belén Amaro, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En este momento, su petición se estudia en la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio del Interior. Desde Madrid tienen 60 días para contestar a su solicitud.

"En Sudán existe una guerra bastante cruenta entre musulmanes y cristianos y ellos aseguran que son de una zona, Darfour, especialmente castigada", comenta Amaro, encargada de tramitar el asilo de esta familia. "Aunque son parcos en palabras, como la mayoría de subsaharianos, hablan de la persecución a la que se han visto sometidos por ser cristianos", añade la abogada, que ayer mismo asistió al cuestionario de nacionalidad que le hicieron a ambos "con intérpretes en árabe y en inglés e informados en todo momento de los derechos que los asisten", explica.

Según la abogada, los jóvenes y su pequeño han estado asistidos por personal sanitario y el niño "está en perfectas condiciones", a pesar de que "un menor no puede estar en un CIE". Amaro afirma que, a pesar del trauma de salir de su aldea y recorrer África para llegar hasta aquí, "se están viendo muy respaldados y se muestran tranquilos y confiados".

La semana pasada Andalucía Acoge denunció "irregularidades" en este caso y elevó una queja al Defensor del Pueblo, que ha solicitado a la Comisaría de Policía de Motril el cese del internamiento tanto de los padres como del bebé. El abogado José Luis Rodríguez Candela, de Andalucía Acoge, afirmó que se violan todos los requisitos legales con la orden de internamiento de un menor en estos centros. Además, se denunció otras anomalías en la decisión judicial, como las referencias a artículos derogados de la Ley de Extranjería.

Pero esta familia no las tiene todas consigo. Según fuentes policiales, los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía se podrían hacer cargo del niño.