Unas 30 familias y dos colegios de Miraflores de El Palo llevan dos días sin agua. La entidad urbanística de conservación que se encarga del abastecimiento de la zona de Miraflores de El Palo desde hace casi 30 años ha cortado el suministro sin previo aviso por la deuda que la urbanización Andasol y los dos centros supuestamente arrastran.

Los vecinos de la zona están indignados por esta situación y ayer presentaron en el juzgado de guardia una querella por un presunto delito de coacciones contra la entidad de conservación, que se ha llevado hasta el contador de agua de la urbanización.

Pero la historia viene de lejos. La urbanización Andasol ya presentó una demanda civil contra esta entidad porque, según contaron los vecinos, "ésta no quiere hacerse cargo ahora del abastecimiento de las 30 familias que vivimos aquí al no reconocer que pertenecemos a Miraflores de El Palo".

María José Muñoz, una de las residentes afectadas, aseguró ayer que la mayoría de los vecinos "pagamos religiosamente la factura del agua", por lo que no entiende por qué se ha llegado a esta situación.

Dos días llevan también sin agua el instituto Mediterráneo y el colegio Unamuno de esta zona que, al parecer, se encuentran en una situación similar con respecto a la entidad urbanística de conservación.

Ambos centros han pedido a la Empresa Municipal de aguas de Málaga (Emasa) una solución a este problema, aunque poco puede hacer ésta hasta que denuncien el caso en los tribunales.

Esta entidad de conservación ya amenazó en enero de este año con cortar el suministro de agua a las 1.500 personas que residen en la urbanización de Miraflores de El Palo al reconocer que ya no podía seguir prestando este servicio.

La entidad proponía que Emasa se hiciera cargo del abastecimiento, a pesar de que mantiene con la empresa municipal una deuda de más de 800.000 euros desde 2002.

En la reunión que los responsables de Emasa mantuvieron con la asociación de vecinos de El Palo y tres colectivos de consumidores, se acordó que el Consistorio asumiría la modernización de las redes de distribución -valorada en 1,8 millones de euros- para adaptarlas a la normativa a cambio de que la entidad pagara un recargo en la factura del agua durante 15 años. Aunque finalmente lo rechazó.