Málaga

Una de las firmas de Sánchez Blanca va a los tribunales contra Urbanismo

  • Andria recurre la reclamación que le hizo el Ayuntamiento para que pague parte del convenio urbanístico del sector

Sede de la Gerencia de Urbanismo.

Sede de la Gerencia de Urbanismo.

El conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Málaga y las empresas promotoras del sector Sánchez Blanca, donde se contemplan casi 3.400 viviendas, entra de lleno en la vía judicial. A pesar de que éste era el escenario menos deseado por los responsables de la Gerencia de Urbanismo, una de las mercantiles, Andria Inversiones Inmobiliarias, acaba de interponer un recurso contencioso administrativo contra la resolución del ente municipal mediante la que se instaba a esta firma, así como a Unicaja, al abono de los algo más de 28 millones de euros que adeudan del convenio suscrito entre las partes a finales de 2004.

El paso adoptado por Andria, que apenas tiene en su poder el 10% del sector, se conoce ahora después de que ayer mismo el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicase el emplazamiento a los posibles interesados en el procedimiento tramitado por esta promotora contra la resolución de Urbanismo "de requerimiento de abono de indemnización económica sustitutoria, relativo a Adenda al Convenio Urbanístico de Planeamiento relativo al sector SUNP G.2 Sánchez Blanca". Con este anuncio se daba publicidad a la interposición del recurso judicial de Andria contra la citada resolución.

El movimiento de piezas se acelera en las últimas semanas después de que el pasado mes de mayo venciese el aplazamiento de cinco años otorgado a las dos promotoras para el pago de algo más de 28 millones de euros del convenio mediante el que se incremento sustancialmente la edificabilidad del sector. La suma es parte de los 55 millones comprometidos en origen por la promotora Prasa, que con la llegada de la crisis tuvo que abandonar la operación. Los otros 26,7 millones sí fueron pagados en plazo. Ante la inacción de sus socios privados en esta actuación, el Ayuntamiento remitió al brazo inmobiliario de Unicaja, GIA, con casi el 90% del suelo, y Andria, sendas resoluciones instando al pago de la cuantía pendiente, así como de los intereses acumulados, que rondan los 15 millones de euros.

"Unicaja se ha sentado a negociar y Andria no", dijo el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, para explicar los motivos del presente contencioso. A juicio del edil del PP, la intervención de esta promotora está vinculada a la complicada situación en la que se encuentra, dado que se halla en concurso de acreedores. "Nosotros seguimos trabajando con Unicaja y le ofreceremos el mismo acuerdo a Andria; cada uno podrá o no aceptar la propuesta", insistió.

En el supuesto de que la promotora madrileña siga adelante con el camino ahora emprendido, el posible acuerdo entre Unicaja y el Ayuntamiento podría verse perjudicado, así como el desarrollo de la parcela de Sánchez Blanca. No obstante, Pomares se mostró convencido de que la reclamación judicial no irá a ningún lado. "Creemos que lo va a perder sí o sí y que lo que quiere es ganar tiempo y no tener que pagar lo que le corresponde", apostilló el concejal.

Cabe recordar que esta misma semana Pomares confirmó la disposición del Ayuntamiento a seguir negociando con los promotores y a reducir sensiblemente la losa económica que tienen sobre sí. De manera más precisa, el Consistorio aceptaría el pago en aprovechamientos urbanísticos de parte de los 28 millones adeudados. En concreto de una suma ascendente a 14,6 millones de euros, correspondientes al valor en el que fue tasado el 10% (34.433 metros) que fue aportado por el Ayuntamiento en el marco del convenio original, que data de 2004. Por el contrario, la posición municipal es de fuerza en la exigencia a percibir el resto de lo adeudado, 13,7 millones (correspondientes a a los 41.718 metros cuadrados de sistemas generales adscritos).

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