El fiscal dice que Malaya pone de manifiesto insuficiencias legislativas

  • López Caballero afirma que hay leyes que no responden a este tipo de problemas

El Fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, manifestó que macrocausas como el caso Malaya, cuyo juicio comienza el 27 de septiembre, ponen de manifiesto "insuficiencias legislativas" al no responder las leyes existentes a algunos problemas que precisan "soluciones creativas". En una entrevista con Efe se refirió a la "antiquísima" ley de enjuiciamiento criminal y ha descrito estos procedimientos como "tests que se imponen al sentido común" ya que desde el juez de Instrucción hasta el Tribunal deben ir articulando soluciones a problemas prácticos "gordísimos" para su "buena llevanza".

El fiscal declaró que existen también problemas sobre si la tipificación de los delitos es lo suficientemente "abarcadora" e indicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado efectuar las propuestas de reforma legislativa.

Por otro lado, expresó que en Europa existe la percepción de que todas las grandes redes de criminalidad organizada están relacionadas con España y en particular con la Costa del Sol por lo que la Fiscalía Anticorrupción de Málaga tiene "gran importancia" como receptora de peticiones de colaboración internacional.

Debido a ello -indicó- se observa la necesidad de contar con los "medios necesarios" para que la respuesta hacia el extranjero sea "oportuna y seria". A este respecto, demandó la creación de una oficina fiscal, dotada de personal propio y de técnicos con conocimientos en derecho administrativo y en materia tributaria en función de las necesidades de cada zona, que "no costaría nada" al poderse asignar a la fiscalía funcionarios de otras oficinas públicas.

López Caballero señaló que existen modelos a seguir en otros países con oficinas de investigación integradas en la fiscalía, como Alemania, Reino Unido e Italia y también Portugal, donde cuentan con una policía judiciaria que depende "orgánica y funcionalmente" de la fiscalía.

En cuanto al caso Malaya, el fiscal manifestó que el hecho de que la acusación por parte de la fiscalía se haya formulado respecto de 95 personas es "suficientemente expresivo" de la importancia del procedimiento "en términos cuantitativos". En este sentido destacó que se haya tenido que habilitar un espacio en la Audiencia Provincial de Málaga para poder albergar a las distintas defensas y a los distintos acusados durante el juicio. Explicó que en este supuesto de "corrupción en el sector público" por parte de miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Marbella las penas solicitadas por la fiscalía van de dos a cinco años de prisión en delitos de cohecho y de tres a cinco años en el blanqueo de capitales.

En el caso de Juan Antonio Roca -precisó el fiscal- la pena conjunta que se le pide por todos los delitos es de 30 años de prisión. Respecto al blanqueo López Caballero señaló "el descubrimiento de los modos de ocultación y la incautación del patrimonio blanqueado" como una de las "principales características" de esta operación en la que también aparecen delitos de malversación, fraude, prevaricación y contra la hacienda pública.

En cuanto a la responsabilidad, aseguró que no sólo recae en miembros de la corporación local elegidos democráticamente, sino también en personas que no ostentan cargos públicos ni son funcionarios administrativos que deciden sobre asuntos municipales lo que supone "la peculiaridad de un funcionamiento excepcional".

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