El fiscal pide dos años y medio de cárcel al promotor ruso de San Antón

  • El Ministerio Público le atribuye un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia · El Ayuntamiento ordenó 15 veces que suspendiera o demoliera obras

La Fiscalía de Málaga pide 18 meses de prisión para el promotor ruso Vladimir Beniachvili por un delito continuado contra la ordenación del territorio, además de otro año de cárcel por desobediencia porque entre 1998 y 2010 desatendió 15 de órdenes del Ayuntamiento de Málaga para que parara las obras que realizaba en Pinares de San Antón y demoliera lo construido en suelo no urbanizable. El escrito de acusación provisional del Ministerio Público relata lo que ha sido el largo pulso que ha mantenido este empresario con la Administración local, desde que el 23 de noviembre de 1998 la entonces alcaldesa, Celia Villalobos, firmara una resolución en la que le ordenaba suspender las obras que ejecutaba por afectar a suelo sujeto a control paisajístico y, por tanto, no urbanizable. Un mes después le abrió el primer procedimiento sancionador.

Ya no se volvió a oír hablar de lo que hasta entonces se había presentado como el centro hispano ruso de Pinares de San Antón hasta 2002, cuando Beniachvili logró que la Gerencia de Urbanismo le diera permiso para ampliar la vivienda con el fin de agregar garaje, piscina, vestuario y pista de tenis. En septiembre los inspectores de urbanismo comprobaron que las obras no se ajustaban ni al planeamiento ni a la licencia autorizada y en octubre el Ayuntamiento ordenó la demolición de lo que había construido fuera de la legalidad.

Además, en enero de 2003 le instó a suspender las obras que ejecutaba en los jardines situados en la zona posterior de la casa. Esta orden se la volvió a repetir en febrero de 2009 y hasta en tres ocasiones (abril de 2005, mayo de 2007 y julio de 2007) le ordenó que las demoliera. Pero al tiempo que desoía los requerimientos municipales, Beniachvili solicitaba nuevas obras al Ayuntamiento. En 2003 presentó un proyecto básico para legalizar una estructura y una alberca para riego, procesado y almacenaje agrícola. El fiscal subraya en el escrito de acusación que trataba de hacer ver que era un proyecto agrícola "a pesar de que solo produce tomillo, romero y palmito, que ni son objeto de procesamiento ni de riego".

No obstante, en marzo de 2005 Urbanismo le negó la licencia "entre otros motivos por no acreditar el acusado la condición de agricultor". Mientras tanto le instó hasta en tres ocasiones entre 2005 y 2009 a que echara abajo 14 apartamentos, un gimnasio, sauna, salón de belleza y sala de masajes. En febrero de 2009 la Gerencia de Urbanismo descubrió que se estaban realizando más obras, abrió expediente sancionador y ordenó suspender la construcción, lo que no fue óbice para que en mayo de ese año, o sea tres meses después, advirtiera que el promotor había ensanchado el carril de acceso a la finca y que una retroexcavadora estaba realizando un desmonte y "ensanchando la superficie de explanación a unos 3.500 metros", todo ello sin licencia municipal y en suelo no urbanizable. El Ayuntamiento decretó otra suspensión de obras y, al no respetarse, el 18 de mayo de 2009 decidió que se precintaran lo que no impidió que una semana después los inspectores comprobaran "que se sigue construyendo con una máquina y varios operarios en una estructura", lo que dio lugar a otra orden de suspensión y demolición de lo construido, en febrero de 2010.

A finales de 2009 Urbanismo advirtió también que había en marcha "nuevos cuerpos edificatorios sin el preceptivo proyecto de actuación, al tratarse de suelo no urbanizable común de control paisajístico".

1998

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