El fiscal podrá pedir hasta 36 años por las muertes en el accidente de autobús

  • La pena máxima por homicidio imprudente es de cuatro años, que se podrían sumar a cada muerte · El conductor, que iba a velocidad "inadecuada", pasará al juzgado tras ser operado

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El conductor del todoterreno que presuntamente provocó el accidente de autobús en el que murieron nueve personas y 38 resultaron heridas, Jesús G. R., de 28 años, podría ser acusado de un delito de homicidio imprudente, con nueve muertes y de otro de lesiones, cometido también contra varias personas. Con esta posibilidad, que ayer barajaron fuentes de la Fiscalía, la acusación podría pedir entre uno y cuatro años de cárcel por cada una de las muertes, además de penas de distinta envergadura en función de las heridas de cada persona.

No obstante, la condena no superaría el triple de la pena máxima, es decir, un máximo de 12 años de cárcel, además de las penas que se impusieran por las lesiones.

Ayer, el fiscal delegado de Seguridad Vial, Javier Torres, explicaba que aún era precipitado valorar una acusación, ya que aún no había analizado el atestado de la Guardia Civil y el joven no había pasado a disposición judicial.

Ante la posibilidad de pedir prisión provisional para el conductor, como han reclamado las asociaciones de víctimas de accidente de tráfico, fuentes fiscales insistieron en que "se tendrá en cuenta la gravedad de la conducta delictiva y las también gravísimas consecuencias". También matizaron que primero habrá que oír la declaración del conductor del todoterreno, aunque ya de por sí es delito conducir con una tasa de alcoholemia superior a la permitida, que este hombre duplicaba con un 0, 5.

El fiscal de Seguridad Vial asumirá el caso del siniestro ocurrido el sábado en el kilómetro 224 de la A-7 a su paso por Torremolinos, a escasos metros del término municipal de Benalmádena, donde se atribuyó por error en principio.

Torres se puso en contacto con el Consulado de Finlandia y con los equipos psicológicos de Cruz Roja de este país que llegaron el pasado domingo para atender a los familiares y heridos .

El conductor del vehículo es intervenido hoy de una dolencia cervical y probablemente pueda pasar a disposición judicial al término de la operación. Si su internamiento hospitalario se prolongara, cabría la posibilidad de que se desplazara hasta allí una comisión judicial o hacerlo por exorto. Mientras, la Guardia Civil sigue custodiando su habitación en el Hospital Clínico, donde aún permanecen tres de los seis heridos ingresados aquella noche.

Fuentes cercanas manifestaron que el informe provisional elaborado por la Guardia Civil de Tráfico señala que el todoterreno circulaba a "una velocidad excesiva e inadecuada para el estado de la calzada". La velocidad máxima permitida en el lugar del suceso es de 120 kilómetros por hora y, en base a los testimonios recabados por los investigadores, el vehículo adelantó a otros vehículos a gran velocidad. Además, ayer se supo que el todoterreno realizó el adelantamiento por el carril izquierdo y no por el derecho. Éste impactó contra el quitamiedos, salió rebotado y colisionó contra el bus.

Está prevista la llegada desde Madrid de un equipo del Instituto armado especializado en reconstrucciones de accidentes graves.

Por otro lado, una comitiva de la Policía Judicial finlandesa y un médico forense de este país cotejaron ayer su información con la aportada por el Instituto de Medicina Legal de Málaga tras practicar las autopsias de los cadáveres, según confirmaron en la sede del anatómico forense malagueño. El sistema finlandés no contempla la identificación por medio de las huellas dactilares, aunque este sistema también hubiera sido imposible "al tener las manos destrozadas".

Los fallecidos serían seis mujeres, dos hombres y una niña, y en la mayoría de los casos la muerte se debió a un "shock traumático por politraumatismo".

A través de las pruebas dentales y fotografías aportadas por la Policía Judicial nórdica, así como por declaraciones de familiares, se puede identificar a ocho, pero esta tarea se vuelve más difícil en el último por su grado de desfiguración y habrá que esperar a las pruebas de ADN, según confirmó el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna. Cuando estén listas las identificaciones, el informe del forense se remitirá al juez que es quien debe autorizar la repatriación.

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