La Fiscalía de Torremolinos pide que la presidenta de Parque Animal, Carmen Marín, sea también acusada de un presunto delito de estafa a los particulares que entregaban animales a la asociación mediante pago de una cantidad de dinero para que se les atendiera cuando muchos de ellos eran sacrificados poco después. La fiscal impugna así el recurso de apelación presentado por la defensa de la ex directora de la protectora, que pedía el sobreseimiento de la causa separada abierta por el Juzgado de Instrucción numero 5 de Torremolinos del caso del exterminio masivo de animales y que el pasado diciembre dio por terminada la investigación por los presuntos delitos económicos en relación a la actividad de la protectora de animales que dirigía Marín hasta que fue detenida por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en noviembre de 2010.

Según pudo saber este periódico, el ministerio público se ha adherido parcialmente al recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por la acusación particular ejercida por una asociación de afectados contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado y que solicitaba que la ex responsable de Parque Animal fuera también acusada de un delito de estafa propia. La petición se basaba en la sentencia dictada en enero por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga, que condenó a Marín a tres años y nueve meses de prisión por los delitos de maltrato animal, falsedad documental e intrusismo profesional, y en la que se relata "cómo los socios aportaban cuotas y donativos cuando dejaban sus animales o los que encontraban abandonados en el recinto que administraba Parque Animal, con el fin, y en el pleno convencimiento de que se les iba a encontrar un hogar, siendo la realidad que estos animales eran masiva y cruelmente sacrificados".

La fiscal lo entiende también así, al igual que mantener los presuntos delitos de apropiación indebida continuada por parte de la presidenta de Parque animal en relación a la utilización en beneficio propio de los fondos del colectivo y estafa impropia al haber arrendado supuestamente a un tercero una caseta del recinto ferial cedida por el Ayuntamiento de los que le acusa el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.

El auto también se refería a una de sus hijas y vicepresidenta de Parque Animal a la que se le achaca, por su parte, un supuesto delito de blanqueo de capitales al haber presuntamente recibido con la participación de su madre fondos procedentes de la entidad "para realizar pagos en su beneficio por reformas" en la clínica de medicina estética de su propiedad. Además, se refería a la otra hija de Carmen Marín aunque en calidad de responsable civil de las cantidades por ella percibidas "en su condición de partícipe a título lucrativo" para la supuesta compra de un vehículo, y las reservas y pagos en diversos hoteles al "no poder acreditarse que la misma tuviera conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos recibidos".

En total, el juez detalló supuestos pagos realizados por alguna de ellas mediante cheques, en efectivo o con tarjetas de un total de 379.762,88 euros pertenecientes a la protectora para fines que nada tenían que ver con la actividad de los animales como viajes, restaurantes, hoteles o compras en supermercados. El ministerio público estima en su escrito, sin embargo, que no procede acusar a Marín de un presunto delito de blanqueo de capitales, como tampoco incluir como acusado en la causa otras personas relacionadas con Parque Animal como Felipe Barco el que fuera mano derecha de la presidenta y que también ha sido condenado por maltrato animal e intrusismo profesional en la causa juzgada por el exterminio masivo de animales.