Un hombre se enfrenta a 18 meses de prisión y a otros dos meses de multa a seis euros diarios porque presumiblemente atentó contra un médico de urgencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que le atendió en su domicilio y se negó a trasladarlo a un hospital por considerar que su estado de salud no lo requería. Los hechos ocurrieron en abril de 2007 cuando el acusado, Juan R., reclamó al SAS asistencia domiciliaria. Un equipo de urgencias acudió a su vivienda, en la calle Biedmas, donde un médico le informó tras reconocerlo de que no era necesario su trasladarlo al hospital.

Entonces el acusado increpó al médico, le dijo "que lo tenía que llevar por cojones", profirió varios insultos y después se levantó y le dio un empujón, según relata el fiscal en su escrito de acusación provisional. El incidente no quedó ahí. Ante el cariz que habían tomado los acontecimientos el médico optó por abandonar la vivienda. Entonces Juan R. salió tras él, lo alcanzó en el portal del edificio y le estrelló un puñetazo en la cara. La agresión le provocó una contusión labial y un hematoma, además de una crisis de ansiedad. El facultativo tardó cuatro días en curar y durante una jornada laboral estuvo impedido para acudir a su puesto de trabajo.

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de atentado, al reconocer el carácter de autoridad del médico del SAS, en concurso con una falta de lesiones. Además de los 18 meses de prisión por el delito y los dos meses de multa por la falta, el Ministerio Fiscal también le exige al acusado una indemnización de 120 euros.

Los sanitarios estiman que las agresiones que salen a la luz apenas son la punta del iceberg. Sin embargo, progresivamente cada vez son más trabajadores de este ámbito que optan por demandar a sus presuntos agresores. El año pasado, sólo a través del Colegio de Médicos de Málaga, se presentaron 41 denuncias por ataques físicos o verbales a facultativos. De los 25 casos que fueron juzgados en 2009, los jueces le dieron la razón a los galenos en 24 ocasiones, según la asesoría jurídica de la entidad colegial.

Este dato supone que cada mes son condenados dos agresores por haber insultado o agredido a un médico. Los casos más leves fueron considerados una falta y zanjados con una multa de hasta 600 euros. Pero ha habido sentencias en las que el juez ha considerado que los hechos constituían un delito de atentado contra un funcionario público y ha aplicado penas de hasta 18 meses de prisión. Sin embargo, de momento ningún agresor ha ido a la cárcel dado que al no carecer de antecedentes la pena se deja pendiente de ejecución. Sólo si el condenado fuera castigado por una segunda causa tendría que cumplir las dos penas.