El fiscal de Medio Ambiente se ha opuesto a que se suspenda la pena impuesta al empleado de la protectora Parque Animal de Torremolinos, que fue condenado a un año de cárcel por maltrato animal e intrusismo por el sacrificio masivo de perros y gatos en el centro, por la gravedad de los hechos. Por esta causa ya se encuentra en prisión la ex presidenta de la protectora que ingresó voluntariamente el pasado diciembre para cumplir una pena de tres años y nueve meses tras ser condenada por maltrato animal, falsedad e intrusismo y sacrificio masivo de perros y gatos.

El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ya había rechazado, el pasado enero, la solicitud de la defensa del trabajador de suspender la pena y le dio un plazo para ingresar voluntariamente aunque su letrado presentó un recurso de apelación, que tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Málaga. Ante dicho recurso, la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga señaló, según fuentes judiciales, que la naturaleza y gravedad de los hechos "impide la concesión de cualquier forma alternativa de cumplimiento distinto del ingreso en prisión" ya que se dio muerte "cruel y dolorosa e injustificada" de miles de animales a lo largo de varios años.

Por otra parte, el fiscal mantiene que el penado no ha aceptado en ningún momento su responsabilidad en los hechos e insiste en la forma "especialmente cruel en que las muertes que se producían, como por el elevadísimo número de animales cruelmente sacrificados". También hace un reproche de que los condenados eran personas "especialmente obligadas a velar por el bienestar animal, pues públicamente se presentaban como Sociedad Protectora de Animales", pero se dedicaban "a dar muerte instantánea, cruel y dolorosa a cuanto animal no entraba en sus previsiones de beneficio económico".