Ocho años después de que el entonces concejal de Urbanismo Juan Ramón Casero pusiese su firma sobre el convenio de Martiricos, la ciudad va a empezar a disfrutar de parte de los millones de euros que la entonces propietaria, Telefónica, se comprometió a abonar a cambio de que se le permitiese construir 674 viviendas (210 protegidas). La larga espera, fiel reflejo del estancamiento de la industria del ladrillo, pone en evidencia también la gestión del equipo de gobierno del PP, que aprovechando la etapa de bonanza basó en los dineros procedentes del urbanismo la mayor parte de las intervenciones de la ciudad.

Solventados los escollos propios de la paralización del sector y de un procedimiento administrativo siempre largo (muestra de ello es que el Plan General de Ordenación Urbanística no fue aprobado definitivamente hasta agosto de 2011), el Consistorio ya puede tocar la mitad de los más de 23 millones consignados en el citado acuerdo. Los 11,6 millones que se presupuestan para ser gastados en 2014 ya estaban en la hucha municipal desde hacía algunos años, pero no podían sacarse de la caja fuerte hasta que se realizasen los trámites urbanísticos necesarios.

De acuerdo con la información facilitada a este periódico, la intención es que en los primeros meses del nuevo ejercicio sea aprobado definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior (Peri) de Martiricos, paso indispensable para destinar este dinero a los fines contemplados en el presupuesto. Entre ellos se incluyen las principales apuestas: la adecuación del parque de Campamento Benítez, con 2 millones; el impulso del edificio cultural del puerto, el cubo, con otros 2,5 millones; nuevas acciones en Tabacalera, con casi 2,2 millones.

A partir de ahí, el calendario marca cuándo será posible recibir los 11,6 millones que quedan del convenio, cuyo cumplimiento recae sobre Inmobiliaria Espacio, dueña de la parcela. La mercantil reclamó al Consistorio flexibilidad en los plazos para hacer frente a ese pago, lo que motivó la firma de una addenda en enero de 2012. En la misma se recoge la aceptación a percibir ese dinero hasta 2017.

El primer de los pagos se tendría que realizar este mismo mes de noviembre, con 2,5 millones; el segundo, el mismo mes de 2014, con 2,9 millones; 1,6 millones en 2015; 4,25, en 2016, y 370.000 euros, en 2017. En el documento se fijaba la vía de que 7.150.000 de euros se destinasen a infraestructuras ya previstas en el PGOU como la Avenida Luis Buñuel y Puente de la Rosaleda; la calle Toledo, la Avenida del Doctor Marañón y la acera este de la Avenida de Martiricos; el Paseo de Martiricos; el Puente deArmiñán y su ampliación, entre otras. Los otros 4,46 millones serán para rehabilitación y otros fines urbanísticos.

Algo inferior fue la espera para ver sobre el terreno los efectos de una pequeña porción del convenio de los antiguos suelos de Repsol, que iba a dotar a las arcas locales de 82 millones. De ellos sólo 12 fueron abonados, permitiendo poner en marcha, según datos municipales, hasta cuarenta actuaciones y obras, entre ellas partes del plan de conservación, pavimentos, el bulevar sobre el soterramiento del AVE, el pago de la obra del soterramiento, el camino del Pilar, el skate park.

De esta partida, se ingresaron 3 millones en julio de 2006 y otros 9 en septiembre de ese mismo año. "En la firma de la addenda del convenio, en mayo de 2012, se recogió poder aplicar lo ya ingresado a obras o al patrimonio municipal indistintamente", señalaron desde la Casona del Parque. No ha sido hasta la entrada en vigor de dicha ampliación del acuerdo cuando han empezado a aplicarse estos 12 millones, es decir, seis años después de la primera rúbrica.

Y nadie sabe bien cuándo se materializarán los 70 millones restantes del gran acuerdo de Repsol. Ante la incapacidad de la anterior propietaria del suelo a cumplir con el compromiso, el Ayuntamiento aceptó como pago la mayor parte de los aprovechamientos urbanísticos permitidos en la parcela para su futura enajenación. La gran duda es cuándo dará este paso y si el valor a obtener alcanzará las cifras que seis años atrás se marcaron. En horizonte se mantiene el interrogante sobre los 58 millones no cobrados de La Térmica.