Un policía local y una funcionaria han sido los primeros detenidos por la trama de urbanismo ilegal que la Guardia Civil lleva meses investigando en el Ayuntamiento de Almogía. Los dos estuvieron prestando ayer declaración ante los agentes que llevan el caso, aunque posteriormente fueron puestos en libertad acusados de varios delitos al no existir riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. El primero fue arrestado en el municipio sobre las 8:00 de la mañana de ayer y conducido en un coche de la Guardia Civil a la Comandancia de Málaga, donde estuvo prestando declaración durante toda la mañana en compañía de su abogado.

Según informaron a este periódico fuentes cercanas a la investigación, el policía local podría haber utilizado información privilegiada para la compra y venta de parcelas en el municipio. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) le preguntaron, entre otras cuestiones, si ha podido utilizar su cargo para agilizar expedientes municipales y si conoce la causa por la que no se han demolido algunas construcciones ilegales sobre suelo no urbanizable.

Ya por la tarde los agentes del Instituto Armado tomaron declaración a la otra detenida por la trama de urbanismo ilegal que se está investigando en Almogía en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga. Se trata de una funcionaria municipal que ya declaró el pasado mes de abril y que también fue puesta en libertad tras ser acusada de varios delitos. Las declaraciones de las más de 20 personas implicadas en estos hechos -entre las que se encuentra el alcalde de Almogía y diputado provincial Cristóbal Torreblanca (PSOE), además de concejales y funcionarios- continuarán hoy. Y aunque aún no ha trascendido el orden que se seguirá para llamar a declarar a todas ellas en calidad de detenidos, no está previsto que hoy lo haga el regidor.

En estas primeras declaraciones las preguntas se orientarán a averiguar el motivo por el que no se habían cumplido los expedientes sancionadores abiertos por el propio Ayuntamiento, que en algunos casos ordenaban demoliciones o paralizar construcciones llevadas a cabo en suelo rústico, así como a determinar cómo se regía el importe de las multas impuestas. Al parecer, y según fuentes cercanas a la investigación, el cobro de las sanciones por este tipo de irregularidades urbanísticas se hacía en función de cada caso y en muchos de ellos no se correspondía la cuantía impuesta con lo que luego se cobraba al propietario de la vivienda ilegal.

La investigación se centró en un primer momento en un posible delito de prevaricación, aunque tras las declaraciones de los implicados y la comprobación de la documentación intervenida a lo largo de estos meses también podrían ser imputables los delitos de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, negociación prohibida para funcionarios públicos y alteración del precio de las cosas. La operación se inició el pasado mes de marzo y desde entonces el Seprona ha analizado numerosos expedientes urbanísticos tramitados en los últimos años. Tras el registro que se llevó a cabo el martes en el Ayuntamiento y la Casa de la Cultura, los agentes intervinieron tres cajas de documentación.