El futuro de las ayudas europeas y el envejecimiento alertan al campo

  • El 'Brexit' puede reducir hasta en un 10% los ingresos de los agricultores procedentes de la PAC

  • Siete de cada diez profesionales tienen más de 50 años

El sector agrícola y ganadero malagueño tiene ante sí dos retos importantes a medio plazo para garantizar su futuro. Uno es el relevo generacional, pues el 70% de los agricultores tiene más de 50 años, y el segundo es la obtención de las ayudas europeas, pues la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea va a suponer una reducción de la aportación y se desconoce si el resto de países va a seguir apostando de la misma manera por la Política Agraria Común (PAC) o no. La PAC está en vigor desde 2014 hasta 2020 y hay que negociar la siguiente, entre 2021 y 2027, ya sin Gran Bretaña presente. Los expertos dicen que podría haber una reducción media de los ingresos de los agricultores y ganaderos del 10%, a la vez que subrayan que Europa primará aspectos como la innovación, la sostenibilidad, el ecoturismo, la economía circular o las aldeas inteligentes a la hora de dar las subvenciones, por lo que hay que ponerse las pilas y modernizarse.

La Diputación de Málaga, a través de la Fundación Madeca, acaba de publicar el Análisis General de la Realidad y Organización Ganadera y Agrícola Malagueña (Agrogam) en el que se detalla cuál es la situación actual del campo malagueño, qué recursos se están obteniendo y qué pasos habría que dar para seguir siendo competitivos. En ese informe se subraya que en 2016 -último dato disponible- los agricultores malagueños cobraron 101,2 millones de euros en ayudas europeas, de las cuales la mayor partida se distribuyó entre los profesionales de Málaga capital, con 18,3 millones de euros, Antequera (13,8 millones), Ronda (6,6 millones), Campillos (5 millones) y Archidona (4,4 millones).

En el estudio se proponen algunas medidas para que el sector sea más competitivo. En el segmento del olivar se recomienda "reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro, ya que la relación entre producción y distribución está desequilibrada pues, por ejemplo, en España y Grecia se pagan 300 euros por 100 litros de aceite y en Italia 500 euros". También se ve importante "mejorar la gestión del riesgo" y hasta la creación de un observatorio del mercado del aceite de oliva. En el sector lácteo, los expertos ven necesario "hacer frente a los efectos de extrema volatilidad del mercado y garantizar mayores ingresos a los productores", algo que creen que se conseguiría con más préstamos del Banco Europeo de Inversiones, más desgravaciones fiscales, invirtiendo en infraestructuras de transformación modernas o "reduciendo las sanciones desproporcionadas". Por último, para el sector porcino reclaman "recompensas" por el compromiso con la protección del medio ambiente, el bienestar animal y la seguridad alimentaria; compensaciones financieras por las crisis sanitarias o créditos y seguros a la exportación.

"Hay que intentar que la transformación agraria se quede en la provincia y se cree más industria porque seguimos exportando mucho aceite y vino a granel", expone Jacobo Florido, diputado de Desarrollo Económico y Productivo, quien señala que la Diputación dio el año pasado subvenciones por valor de 450.000 euros para que industrias agroganaderas de la provincia pudieran adquirir maquinarias para modernizar sus procesos y que este año habrá un presupuesto similar.

El estudio concluye que "se necesitan políticas dirigidas a mejorar las rentas, la incorporación de los jóvenes, la mejora de la calidad, de las estructuras agrarias y el cuidado del medio ambiente", señalando algunos nubarrones negros en el horizonte como la volatilidad de los mercados, el cambio climático o el Brexit.

Esteban Carneros, director de Relaciones Corporativas de Dcoop, destaca que "todavía queda mucho que cortar" sobre las ayudas de la PAC, "pero sería de ilusos pensar que va a haber más dinero". Este profesional indica que "lo deseable sería que los agricultores conservaran las ayudas en la medida de lo posible, buscar mecanismos para solventar crisis de seguridad alimentaria y económicas, y simplificar los trámites para obtener las ayudas porque cada vez hay más burocracia". "Siempre se dice que se va a simplificar el papeleo y al final se complica más", añade.

El directivo de Dcoop, el mayor productor mundial de aceite de oliva virgen cuya sede central está en Antequera, ve importante las ayudas, pero tiene claro que si se quiere competir a escala global hay que unirse, como Dcoop lleva haciendo con éxito en la última década. "Si cada agricultor y ganadero hace la guerra por su cuenta es imposible porque la distribución está cada vez más concentrada y eso debería pasar también en el campo, que es el primer eslabón de la cadena", expone Carneros, quien ve clave crear empresas "que sean capaces de internacionalizarse, innovar y tener un poder real en el mercado".

Francisco Moscoso, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores en Málaga (UPA), asegura que "el campo malagueño está mal y no sé cómo se aguantará la PAC hasta 2020 porque cada año se reduce el dinero". El máximo responsable de UPA en la provincia, que también es agricultor en Antequera, afirma que a partir de 2018 van a dejar de percibir ayudas aquellos que cobran menos de 300 euros y que desde su asociación se van a dejar de tramitar 80 ayudas por ese motivo. "La única forma de no perderla es que se junten los agricultores y pasarse los derechos unos a otros, pero eso es muy difícil porque nadie se fía", explica Moscoso, quien subraya que el único problema no es la ayuda europea sino también el precio porque "muchas veces estamos vendiendo a pérdida".

El presidente provincial de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Baldomero Bellido, se muestra más optimista "porque la sociedad está viendo lo necesario que es el campo y lo bien que ha aguantado la crisis mientras que otros sectores se han hundido en ese periodo", recalcando además que el sector "sigue copando mercados exteriores, tiene un mayor procesamiento de los productos y más valor añadido". Bellido dice que las ayudas europeas "son necesarias con el sistema de precios, ingresos y gastos que tenemos y no deben servir para mantener cultivos artificialmente, pero sí para compensar la pérdida de renta de los agricultores en un mercado abierto". El presidente de Asaja es partidario de ayudas acopladas, es decir, las que se dan a determinados cultivos para evitar su desaparición aunque reconoce que, tras el Brexit, "va a ser más complicado tener un presupuesto aceptable".

El dinero es importante, pero si no hay jóvenes que se queden con las tierras el campo morirá. Europa concede ayudas para la primera instalación de jóvenes que fueron solicitadas por 155 personas en Málaga en 2015 y 355 personas en 2016. El campo ha sido refugio durante la crisis, pero ahora están repuntando otros sectores como la construcción. "Si los hijos no ven porvenir no se quedarán en el campo", destaca Moscoso, que pide más apoyo a la Administración para que no haya despoblación rural. Bellido exige beneficios fiscales en la trasmisión de las explotaciones porque "hay que pagar muchos impuestos y es difícil el acceso de los jóvenes a la propiedad".

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