El futuro propietario de los edificios tendrá que mantener a los inquilinos

  • Urbanismo obliga a la empresa que resulte adjudicataria a rehabilitarlos antes de 23 meses

La empresa o empresas que finalmente se hagan con los edificios números 3 y 5 de la calle Mariscal, afectados por la venta forzosa dictaminada por el Ayuntamiento de Málaga tras los reiterados incumplimientos de la propiedad en materia de conservación y salubridad, estarán obligados a rehabilitar las dos construcciones antes mencionadas en un plazo no superior a los 23 meses y a garantizar el retorno de los 12 inquilinos que en la actualidad siguen habitándolos. De este modo, y según fija el pliego de condiciones elaborado por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y al que ha tenido acceso este periódico, los dos inmuebles, que en la actualidad presentan un estado lamentable, deben estar perfectamente adecuados para verano de 2010.

El calendario diseñado fija 45 días para que el adjudicatario solicite la licencia de obras de rehabilitación a partir de la puesta a disposición de la finca; 90 días para iniciar las obras; 548 días para finalizar los citados trabajos de restauración, y otros 7 días para pedir licencia de primera ocupación una vez culminadas las labores. Según las condiciones impuestas por el departamento municipal, este periodo de 690 días es el tiempo máximo previsto, por lo que se prevén bonificaciones que pueden llegar a 10 puntos a favor de las ofertas que dispongan recortes en los plazos de actuación.

Otros 10 puntos recibirá la oferta económica que contemple un incremento superior sobre el precio de salida en la venta, que es de 2.479.564 euros. No obstante, el dinero que se sitúe por encima de este límite no irá a parar a las manos del actual dueño de los edificios, sino a las arcas del Consistorio, que "deberá aplicarlo al patrimonio público del suelo".

Uno de los detalles del actual proceso de enajenación forzosa de estos edificios, afectados por acoso inmobiliario, es la decisión del equipo de gobierno de primar a aquellas proposiciones que dispongan la posibilidad de destinar de manera total o parcial los dos edificios a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) o viviendas de protección pública (VPP). En ese caso, las firmas concurrentes recibirán hasta cinco puntos. Y otros cinco puntos se otorgarán a las sociedades que acrediten mayor experiencia en materia de promoción de viviendas y rehabilitación de edificaciones.

En cualquier caso, al objeto de salvaguardar a los actuales inquilinos de los edificios afectados, la Gerencia de Urbanismo exige al futuro propietario que se haga cargo del derecho de retorno de los arrendatarios existentes, "en las condiciones originarias que tenían en los respectivos contratos, debiendo garantizar el alojamiento provisional de los inquilinos hasta que sea posible su retorno".

Estas dos edificaciones, localizadas en pleno centro urbano, suponen en total 2.673 metros construidos, en los que hay delimitadas unas 40 viviendas. El plazo para la presentación de propuestas culmina el próximo 21 de julio.

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