Las garantías procesales vistas a través del tamiz de los bolsillos

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La instrucción del caso Malaya ha estado en el centro de la diana desde el primer minuto. No sólo las defensas de los imputados, sino también colectivos profesionales como el Colegio de Abogados han cuestionado los métodos que aplicó el juez Miguel Ángel Torres. El argumento general es que las garantías procesales que asisten a los implicados se han visto mancilladas con detenciones previas a la puesta a disposición judicial que pasaban de largo de las 72 horas preceptivas y el uso de la prisión preventiva como elemento coercitivo para arrancar declaraciones inculpatorias.

El juicio, que previsiblemente comenzará el próximo 27 de septiembre, convertirá la tramitación judicial en un objetivo esencial. Un arañazo en esa pared puede resultar de gran provecho porque demostraría la vulneración de derechos fundamentales, un argumento capaz de echar abajo la acusación.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés no entra a valorar el fondo de estas críticas, pero sí advierte que esas voces que "claman contra la ausencia de garantías" serían "más creíbles" si también antes hubieran hecho sonar la alarma "ante los juicios rápidos en los que los procesados aceptan condenas de conformidad aun sintiéndose inocentes, por no correr el riesgo de una pena aún mayor, o si también se hubieran quejado de la frecuencia con la que se dictan órdenes de prisión preventiva para delincuentes de poca monta, o de ciertas prácticas policiales durante la detención o traslado de detenidos sin pedigrí".

En este sentido se queja del "clamoroso silencio" que ha acompañado la posible falta de respeto de las garantías procesales cuando los afectados no han sido sospechosos de delitos socioeconómicos y no han tenido capacidad para contratar excelentes abogados que, "como es su obligación, tienen capacidad para aprovechar cualquier resquicio legal". En definitiva entiende que la instrucción judicial de la operación Malaya no difiere tanto de la que sufren tantos otros procesados que no disponen de la misma capacidad económica. El juicio por el caso Ballena Blanca que también investigó el magistrado Torres en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha puesto de manifiesto deficiencias formales como la falta de foliación de la documentación intervenida en los registros practicados por la Policía. Para colmo, entre el procedimiento de Ballena Blanca ha aparecido documentación de Malaya,

Este fallo, que se esgrime a diario como la muestra más evidente del desastre procesal, en realidad, responde a la pasmosa falta de medios que sufren unos juzgados que fueron creados para perseguir delitos comunes de escasa complejidad. De hecho, si los 200.000 folios que componen las piezas de convicción de Ballena Blanca no se numeraron y foliaron fue, exclusivamente, porque no había ningún funcionario disponible para acometer esa tarea. Otras fuentes judiciales señalan también que "ningún abogado lo pidió entonces".

Las fuentes consultadas matizan que si estos macroprocesos han podido salir adelante ha sido "única y exclusivamente por la voluntad personal de unos magistrados y unos funcionarios a los que sólo les movía el convencimiento de que estaban haciendo algo justo. Por eso no importaba hasta qué hora se trabajaba o si era lunes o domingo". No en vano estos macroprocesos sólo han dispuesto de un funcionario para acometer su tramitación y aunque el juzgado se reforzó con un magistrado adicional, el instructor de Malaya siempre tuvo que compatibilizar este caso con el 50% del trabajo que diariamente entraba en el juzgado.

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